La actual coyuntura nacional nos ha puesto en diversas posiciones que, de una u otra forma, nos ha puesto a replantear diversos aspectos de nuestra sociedad y también institucionalidad.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en su artículo 17 que “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” añadiendo que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. El mencionado artículo es uno de los que pocas veces es señalado dentro de la presente coyuntura, en donde diversos establecimientos comerciales, servicios y también instituciones públicas han sido objetos de atentados vandálicos, cuyas acciones en búsqueda de establecer el terror y la inseguridad no han medido en consecuencias en contra de las vidas de las personas que muchas veces realizan sus labores o habitan, desarrollando a veces emprendimientos o generando un desarrollo profesional que es propio de las personas de bien, simplemente buscando mejores posibilidades para su desarrollo.
Por otro lado el citado documento en su artículo 28 señala que “toda persona tiene derecho a que establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”, haciendo evidentemente alusión al rol del Estado de resguardar el libre desarrollo de las personas y la utilización de sus medios al alcance para el establecer una situación de normalidad que permita a las personas el pleno desarrollo de sus derechos.
Ambos artículos citados tienen elementos que deben ser considerados en la presente coyuntura, por un lado son las personas, sin apellidos o distinción, quienes tienen las garantías necesarias para el resguardo de sus derechos humanos, esto claramente no se ha cumplido en Chile pues quienes son los “autodenominados paladines de los derechos humanos” han tomado su labor como un acto evidentemente político, abanderizándose con un discurso ideológico y generando situaciones de alta complejidad social y comunicacional que es fruto de un actuar que para muchos es irresponsable y que poco tiene que ver con la labor propia del resguardo de la paz social.
Es de esta manera que no fue menor la afirmación del director del instituto de Derechos humano de Magallanes, Cristián Figueroa, quién señaló en forma tajante que “solo nos competen las responsabilidades que los agentes del Estado tienen con la ciudadanía”, afirmación que no pasó desapercibida para diversos medios de comunicación como tampoco para la ciudadanía en general.
Haciendo el simple ejercicio de revisar la web del mencionado instituto, esta señala en su misión “Somos una institución estatal que en forma autónoma y pluralista, promueve una cultura respetuosa de los derechos humanos, monitorea el quehacer del Estado de Chile a partir de estándares en la materia y protege la dignidad de TODAS LAS PERSONAS que habitan en el territorio nacional”.
Dentro de su orgánica cuenta con un Consejo del Instituto de Derechos Humanos, el cual está reglamentado según la ley 20.405, en donde curiosamente señala “no podrán ser consejeros los diputados, senadores, alcaldes, concejales, consejeros regionales, jueces, fiscales del ministerio público, funcionarios de la administración del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones”.
Esta contradicción no tan solo es manifestada abiertamente en su web institucional, sino también claramente en su actuar, en donde miembros de las fuerzas armadas y policías simplemente parecen ser “omitidos” dentro de su actuar, también evaden la acción de grupos organizados en contra de la libertad de prensa y atentados organizados hacia infraestructura crítica, establecimientos públicos y propiedad privada, dejándonos a gran parte de los habitantes del territorio desamparados ante su “velo de protección”. ¿Sin derechos humanos? Parece ser que esta es una condición para algunos y no para todos quienes vivimos Chile, saque usted sus propias conclusiones.