El
Plan Laboral elaborado por el entonces ministro del Trabajo José
Piñera, gestor del proceso de capitalización individual de los fondos de
pensiones a través de las AFP, procuró en la C-80 atomizar y disminuir
el impacto que tendría, en el modelo ultraliberal que se instauraba, la
participación de los sindicatos.
Con
la lógica de que debe haber competencia entre asociaciones y
mistificando que sus dirigentes, normalmente, son los que se aprovechan
de las circunstancias por sus fueros, instauró una norma en el texto
madre que lo ligó a las del Código Laboral, dejando de plano fuera de
toda posibilidad de organización a los empleados públicos. El temor
creciente a la fuerza colectiva de un conglomerado tan amplio le llevó a
ello y dispuso, en medio de otra disposición, el derecho de las
personas a organizarse en agrupaciones diversas, todas ellas con un
estricto apego a las normas que se dictaron al efecto. Es decir, una
completa inmovilización de la voluntad colectiva.
La
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966, y el
Convenio Nro. 87 de la OIT son coincidentes de establecer el más amplio
reconocimiento de las organizaciones de trabajadores de fundar, mantener
y aglutinar sindicatos con las cuales perseguir estándares mejores a
las que tienen cada uno de ellos y que individualmente son muy difíciles
de conseguir. A pesar de ello y reconociendo
que, en esa época, el país estaba aislado y enclaustrado por sus
políticas de apremio contra la población y que ello resultaba positivo
para el régimen gobernante, no se incorporaron a ningún texto y solo se
dejó como una aspiración. El modelo neoliberal que se consagró en Chile
era como un laboratorio de los ideólogos y economistas norteamericanos
que encontraron en nuestro alejado y aislado país las mejores
condiciones como para poder explorar y ensayar. Total, si fallaba, era
un país pequeño e insignificante y las responsabilidades serían
atribuidas a sus impulsores locales que habrían cosechado sus frutos.
Así es como se hicieron varios experimentos económicos–culturales, entre
los que destacó el de las AFP, que hoy nos tiene en ciernes en un
debate que, por fin, se ha puesto sobre la mesa.
Fue
tanto el temor que por el DL 2.756 se eliminó la sindicalización
automática de los obreros en los sindicatos industriales (Código del
Trabajo 1931) y fomentó la “despolitización sindical”, restringiendo la
acción solo a la fijación de remuneraciones y condiciones comunes de
trabajo “dentro de los márgenes de la empresa” (es decir, imposibilidad
de apoyar a otras que no tuvieran poder de negociación). Esta
atomización redujo el poder de negociación y las condiciones laborales
se hicieron nefastas, como las vemos hasta hoy en día.
Se promovió, también, la imposibilidad de que un dirigente sindical pueda participar
en una carrera política, y como se consideraba a los trabajadores que
reclaman como rebeldes que hay que eliminar (ya no con las armas, sino
con la pérdida de derechos), se estableció en la legislación
antiterrorista un castigo de 15 años para que sus involucrados no
pudieran acceder a cualquier tipo de cargos, incluso los de dirigentes
sindicales. Todo lo que atentare contra el régimen podría ser
considerado terrorismo.
La
C-22 deberá contemplar todos estos elementos de limitación y abrir las
puertas a un verdadero sistema de sindicalización, donde todas las
personas que ejerzan actividades comunes (privados, públicos y
municipalizados) tengan la ocasión de unirse para generar condiciones de
mejoría de los sistemas laborales y de remuneraciones en que se encuentran.
A partir de allí se comenzarán a solucionar los graves problemas que
presentan los empleados públicos, que, salvo los que están de planta, en
una cantidad impresionante están expuestos anualmente a las
renovaciones contractuales.
Los
que buscan reducir el tamaño del Estado no empatizan con que estos
trabajadores públicos también le hacen falta al sistema para desarrollar
su actividad y debe, de una vez por todas, legislarse para tener un
Estado sólido, con funcionarios protegidos dispuestos a dar lo mejor de
sí y con calidad de servicio en favor de los ciudadanos que pagan sus
remuneraciones.