Al menos hasta el primer semestre del año pasado
las vocerías de gobierno a nivel nacional y regional insistían en que
se obraba por convicciones y en apego irrestricto al programa
presidencial. Diversas acciones o decisiones han puesto al menos en
entredichos tales convicciones y varios grupos y movimientos de opinión
con propuestas transformadoras se han expresado con desilusión.
Recordemos que las actuales autoridades se comprometieron a no aplicar
los estados de excepción ya que profundizan la violencia que se vive en
la Macrozona Sur; Sin embargo, estamos pronto a cumplir un año renovando
sin interrupción ni alternativa la medida. Frente a las legítimas
reivindicaciones del pueblo mapuche el diálogo y más diálogo ha quedado
pendiente y más pendiente. Por otro lado, pese a la oposición de la
ministra Orellana y las objeciones de los movimientos feministas, el Presidente
terminó designando como fiscal nacional al abogado Ángel Valencia,
considerándose una contradicción a la autodenominación de gobierno
feminista. La decisión tenía dos opciones: Considerar que las defensas
efectuadas por Valencia y que ponían en duda la pertinencia de su
nombramiento se debían considerar meramente como el ejercicio de su
profesión en la defensa de imputados por diversas causas, o una acción
voluntaria por defender casos de violencia de género y sexual como
planteaba el mundo feminista. Finalmente, un Gobierno con convicciones
feministas decidió hacer caso omiso a las preocupaciones sobre el
currículo del fiscal, lo cual planteaban podría agravar la falta de
eficacia de la Fiscalía en la persecución penal de los delitos en contra
de las mujeres.
En la misma línea, el lunes
17 de abril el Comité de Ministros aprobó en forma unánime el proyecto
para la ampliación de la mina Los Bronces, pese a la calificación
desfavorable por parte de la comisión regional en su tramitación dentro
SEA. Lo anterior ha sido denunciado como una contradicción por parte de
movimientos ambientales y la comunidad científica, no sólo por los
argumentos esgrimidos, sino además por las expectativas de justicia
ambiental depositadas en un gobierno que se había declarado ecologista.
Los movimientos ambientales fueron drásticos al declarar que “se pone
fin a la ilusión de que este sería el primer Gobierno ecológico de
Chile”.
Para
entender el conflicto desatado entre el gobierno y los movimientos
ambientalistas, hay que recordar que se habían levantado dudas
razonables sobre si el proyecto minero podría poner en peligro la
seguridad hídrica de la Región Metropolitana,
sobre si el área de influencia incluye glaciales cordilleranos
presentes en los alrededores o sobre si el área de influencia podría
afectar la calidad del aire y poner en riesgos la salud de la población.
Todas dudas debidamente fundamentadas.
En
la aprobación del proyecto el gobierno tuvo un rol clave a través del
subsecretario Proaño, quien evacuó un informe respaldando las
reclamaciones de la minera transnacional y contrarios a las
observaciones presentadas por la ciudadanía. Un informe por lo demás
bastante polémico al presentar deficiencias e imprecisiones en
fundamentos y análisis. De esta forma el gobierno daba una señal clara y
una orientación sobre su posición en la discusión, lo cual se ratifica
con las declaraciones previas del ministro Grau (que lo llevaron a
abstenerse de la sesión).
En resumen, la aprobación de Los Bronces vuelve a poner en cuestionamiento las convicciones declaradas del gobierno del Presidente Boric. La resolución con diálogo del conflicto en La
Araucanía y los compromisos con el ideario ecologista y feminista son
parte fundamental del espíritu de nuestro gobierno. Esforzarse en
aclarar las contradicciones en las decisiones de gobierno son
fundamentales y necesarias para mantener el compromiso y el rumbo. Sin
convicciones no hay rumbo, sin rumbo no hay esperanza.