Una
de las demandas ciudadanas más sensibles es sin duda la educación.
Gracias a los movimientos sociales chilenos de las últimas décadas,
tomamos conciencia de que la educación no es un bien de consumo -como
algunos nos trataron hacer creer-, sino que más bien un derecho social.
En esta materia creo que el debate constitucional ha avanzado mucho en
los últimos años, ya que no recuerdo haber escuchado a nadie seguir
defendiendo la idea de la educación como un bien privado, al que
accedemos a través de un mercado.
Sin
embargo, para garantizar la educación como un verdadero derecho social
aún quedan muchas desafíos. Uno de ellos sigue siendo la equiparación
del derecho de los padres a escoger el establecimiento escolar de sus
hijos con una supuesta libertad de los establecimientos, entre ellos los
que reciben fondos públicos, para seleccionar a sus alumnos o alumnas.
Antes de la Ley de inclusión escolar (promulgada el 2015) los
establecimientos escolares que recibían financiamiento público podían
seleccionar libremente a sus alumnos y alumnas, lo que según la
abundante evidencia internacional, produce segregación y profundiza las
inequidades de base. En otras palabras, esta forma de selección
reproduce y profundiza las desigualdades entre los niños y niñas. Así,
nuestro sistema educacional en vez de contribuir a generar mayor
equidad, la profundiza.
Para
revertir este efecto, desde el 2016 está en funcionamiento el Sistema
de Admisión Escolar (también conocido como SAE), que implementó un
sistema de acceso a la educación en los que todos los padres se
enfrentan en un pie de igualdad al momento de escoger el establecimiento
de sus hijos e hijas. El sistema lleva más de cinco años de
implementación y los estudios señalan que, aún cuando mantiene ciertas
deficiencias, ha sido capaz de aumentar la percepción de justicia del
sistema. Sin duda que nos queda mucho por avanzar en esta materia.
No
obstante estos positivos resultados, hoy el SAE está en riesgo. Ello,
debido a un reciente fallo del Tribunal Constitucional (que aún no
conocemos su redacción) en que se acoge un requerimiento presentado por
un establecimiento particular subvencionado que permitiría a aquellos
niños y niñas que ingresan a los niveles anteriores al prekinder a
saltarse el SAE. Con una Convención Constitucional ad portas de
instalarse, y conformada en gran parte por defensores del derecho a la
educación, es momento de empezar a tomar nota de estas amenazas a la
consagración de un sistema de educación público e inclusivo.