Los
“derechos sociales”. Dos simples palabras que suenan muy bien, muy
mencionadas en el último tiempo por líderes políticos en el marco del
borrador constitucional, podemos observar que los derechos y garantías
que debe asegurar “el Estado” pero muy poco de responsabilidades y
deberes ciudadanos en el convivir social. Lamentablemente, el debate
constitucional sobre los derechos sociales estuvo centrado más en su
fórmula concreta de materialización y exigibilidad que en promover
acuerdos transversales y pragmáticos sobre aquellos bienes considerados
como básicos para dar respuesta a una nueva noción más exigente de la
igualdad, con la urgencia requerida. Sin duda alguna una de las
temáticas prioritarias de la ciudadanía es salud, tener la posibilidad
de acceso, prestaciones de calidad y con rapidez son los anhelos
legítimos de todos los chilenos; a las personas no les importa quién
administra el sistema, si los profesionales que los atienden están
contratados por un órgano público o privado, lo concreto real que
tenemos hoy es que personas que son parte del Fonasa pueden acceder a
consultas e intervenciones en clínicas privadas. En temáticas de salud,
podemos encontrar en el borrador redactado por la Convención
Constitucional, en Derecho a la Salud. 279.- Artículo 14.- Derecho a la
salud (inciso noveno) “Corresponderá exclusivamente al Estado la función
de rectoría del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión
y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. (inciso
décimo) El Sistema Nacional de Salud será financiado a través de las
rentas generales de la nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer
el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadoras, empleadores,
trabajadoras y trabajadores con el solo objeto de aportar solidariamente
al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público
encargado de la administración del conjunto de los fondos de este
sistema”. Creo que compartimos que este tránsito se deba implementar
excluyendo totalmente el rol de los privados en la administración de
fondos de salud, como ocurriría al establecer que existirá un órgano
público encargado de la administración del conjunto de los fondos de
este sistema. Muy por el contrario, al no absorber las consecuencias de
sus resultados, los órganos estatales suelen incurrir en falencias que
afectan directamente a la comunidad. En el caso de Fonasa, forma parte
de un sistema que actualmente no logra cubrir la necesidad de atención,
especialmente para diagnósticos y tratamientos que no cuentan con
garantías explícitas de salud (GES), respecto de los cuales no existen
plazos legales exigibles. No parece razonable entonces aumentar las
responsabilidades de esta entidad estatal o de la que la reemplace,
dejándola como única administradora de todos los fondos del sistema sin
dejar alternativas para cuando el Estado no responda. Tampoco lo es que
una decisión de esta magnitud se resuelva por la Constitución con la
rigidez que ello implica. Dejar abierta la posibilidad de que exista un
sistema de multiseguro, por cierto, bajo estándares y condiciones
exigentes definidas por el legislador, habría implicado mantener un
adecuado incentivo para mejorar el uso de los recursos de todo el
sistema, conservar una alternativa frente a falencias del administrador
público y, lo más importante, permitir que las personas sigan teniendo
un derecho a elegir libremente entre aseguradoras estatales o privadas.
En 2017, el diario La Tercera titulaba: “Según estudio internacional,
calidad y acceso a la salud en Chile ha mejorado en los últimos 25
años“, en base a un estudio realizado por el Instituto para la Métrica y
Evaluación de la Salud de la U. de Washington, que analizaba de manera
mundial el acceso a la salud y la calidad de la misma en 195 países.
Basándose en diferentes indicadores, como la tasa de mortalidad de 32
enfermedades prevenibles, para cada una de ellas aplicaron el índice de
calidad y acceso a la salud (HAQ), una escala que va de 0 a 100. Según
estos datos, en los últimos 25 años Chile mejoró su índice en 28 puntos y
además está entre el 25% de los países con mejores resultados, primero
en Latinoamérica. El estudio, publicado en la revista médica
internacional The Lancet. Hace 5 años Chile lograba una puntuación total
de 76, mientras que en 1995 llegaba a los 58; en el caso de
enfermedades como el sarampión y la difteria alcanza el máximo puntaje
(100). Los cambios y avances son necesarios pero también deben ser
planificados con realidad y responsabilidad, hemos avanzado muchísimo.
Para explicar y contextualizar. Hay que hacer un baño de realidad, hoy
el financiamiento y la infraestructura no están y tampoco la estarán en
el corto o mediano plazo; cuando se nos habla de libertad también debe
existir la libertad de elección no solamente en salud sino que también
en educación y pensiones. Los sistemas únicos generan mayor burocracia,
poco competencia, disminuyen la calidad y es más probable que se genere
corrupción o malas prácticas, justamente lo que no queremos.