Estamos
a solo 83 días del plebiscito constitucional. Y en nuestra Región de
Magallanes hay preocupación porque el acuerdo político del 15 de
noviembre, que dio lugar a la convocatoria a un plebiscito para decidir
la redacción de una nueva Constitución, no previó la ocurrencia de una
pandemia como la que ha afectado al mundo. Ella obligó a postergarlo
desde el 26 de abril al 25 de octubre. Ahora, cuando se está a solo
semanas para el inicio formal de la campaña son varias las temáticas que
se deben resolver. Como lo han dicho actores de todo el espectro
político, solo impedimentos sanitarios sobrevinientes, no anticipables
en este momento, podrían eventualmente justificar algún cambio respecto
de lo establecido. Pero las dudas son muy altas. El Servicio Electoral
ha planteado una serie de vacíos que existirían en la actual legislación
respecto del financiamiento de las campañas, incluido lo referido a los
montos máximos de gasto y a la transparencia de estos. Según el Servel,
en las actuales condiciones no existirían límites en esta materia y
además las campañas podrían recibir aportes de empresas y también
dineros de origen extranjero, todo lo cual se encuentra prohibido para
el resto de los procesos electorales. Por esa razón, el organismo ha
formulado un conjunto de propuestas, en la línea de asimilar el
plebiscito con la regulación general existente. Ello demanda en todo
caso cambios legales para cuya tramitación quedan escasos días. Pero
también todos nos preguntamos que aún no es claro si las restricciones
de movimiento que aún subsisten en buena parte del país, como el toque
de queda o las cuarentenas —por motivos sanitarios— limitan la reunión
de personas, continuarán vigentes una vez iniciado el período de
campaña. También nos preguntamos si la posible incidencia del factor
sanitario en la participación ciudadana, en la medida en que un
porcentaje de la población pueda estimar riesgoso para su salud
participar en un acto de esa magnitud. Hay que adoptar todas las medidas
que sean necesarias para otorgarles seguridad a los ciudadanos al
momento de ejercer su deber cívico. Habrá que ver quienes puedan ser
vocales de mesa, así como a la de las personas de la tercera edad.