Una
de las promesas de campaña del actual gobierno se centró en algunos
derechos fundamentales para los trabajadores, y entre ellos se encuentra
su sueldo como medida bienestar, pero no de productividad, es decir, el
Estado no promueve con esta medida la adquisición de competencias o
habilidades técnicas, sino que más bien se centra en responsabilizar a
la empresa.
Pero
bien, ¿de qué empresa hablamos? Al pensar en las injusticias del
mercado pensamos en grandes empresas, sin embargo, éstas no representan
más allá del 10% del total, es decir, cerca del 90% del resto se
relacionan con pequeñas empresas, como, por ejemplo, almacenes,
restaurantes, pequeños negocios, por nombrar algunos. Es con esto, que
cualquier medida que lleve a un incremento exclusivamente del sueldo sin
promover aspectos fundamentales como la conversión laboral, genera un
daño a corto plazo para estas empresas y un daño a largo para el mismo
trabajador. Expliquemos el porque de aquello.
Primero,
en el corto plazo para una empresa pequeña -de menos de 25
trabajadores- un incremento del sueldo obliga a asumir costos que en
cierta medida tienen un impacto directo en sus ganancias, ya que un
sueldo mínimo no garantiza productividad, en otras palabras, el
trabajador sigue produciendo lo mismo en aquellos sectores intensivos en
manos de obra.
Para
el Premio Nobel de Economía 2021 David Card alzas moderadas en los
salarios no provoca un impacto en el desempleo, no obstante, alzas
significativas como las que propone el gobierno puede generar un efecto
importante en la evolución de los salarios e incluso jugar un rol
distributivo en este corto plazo, sin embargo, en el camino pueden
quedar algunos heridos y no hablamos de las grandes empresas. De modo
que es importante distinguir entre las empresas -grandes y pequeñas- por
medio de medidas progresivas y moderadas. En palabras simples la
empresa pequeña no puede tener las mismas indicaciones tributarias que
aquellas grandes corporaciones.
Segundo,
en el largo plazo la situación puede traer consecuencias notables en el
mercado laboral, y en especial, en aquellos trabajadores menos
cualificados. El incrementar los costos de contratación lleva a que las
empresas piensen aún más en la automatización de sus procesos
productivos. Si bien aún existen labores que no pueden ser automatizadas
como, por ejemplo, el cuidado de menores o de adultos mayores, existen
otras actividades que son altamente sustituibles como cajeras o cajeros
de supermercados, reponedores, seguridad, entre otros.
La
evidencia e investigación es tremenda. Una estudio de la consultora
McKinsey del año 2017 ya señala que más del 50% de los trabajos
asalariados arriesgan a ser automatizados en las próximas cuatro
décadas. Eso representa más de 4 millones de personas de nuestro mercado
laboral actual que podrían verse afectadas con los procesos de
automatización y de inteligencia artificial. En su mayoría son
trabajadores que tienen pocas herramientas productivas para enfrentar
estos cambios inevitables.
Es
de este modo, que el Estado debe entender que no sólo se trata de
aumentar el salario mínimo, sino también de propiciar el desarrollo del
capital humano en las nuevas formas de tecnología, y para ello la
colaboración público-privada en torno a la digitalización es vital para
reducir las brechas educativas frente al inevitable avance de la
automatización. Organismos como el Sence
deben ser reorientados para hacer frente a esta oleada de innovación
que ha llegado para quedarse y que cambiará a nuestro mercado laboral en
los próximos 40 años.