Te acordás hermano qué tiempos aquellos, cuando independientemente de quiénes
fueran los parlamentarios o el Presidente de la República, por el que
se podía o no haber votado, del que se podía o no ser partidario,
respecto de cuyas políticas se podría o no estar de acuerdo, que fuera
agradable o desagradable, que incluso se le podía criticar, pero que de
cualquier forma te podías enorgullecer, más aún cuando mirábamos a
nuestras autoridades y las comparabas con los demás países
latinoamericanos, se trataba entonces de autoridades respetables y que
inspiraban respeto.
La
frase que sonaba frecuentemente era que al servicio público se viene a
servir y no a servirse; y, era cierto, porque al servicio público se
ingresaba a servir a los demás, a servir al país y no a los propios
bolsillos ni a los bolsillos de los amigos o de las colectividades a las
que se pertenecía, era la época en que pertenecer a una fundación
otorgaba prestigio, porque normalmente estas instituciones servían a un
fin de carácter altruista y quienes las dirigían o administraban, lo
hacían ad-honorem, sacrificando su tiempo en beneficio de los demás o en
favor de una finalidad a menudo de carácter benéfico, siendo por cierto
esa una buena forma de colaborar con las personas más necesitadas o que
requerían de la colaboración de una organización para solucionar graves
problemas que aquejaban a mucha gente, como en el caso de aquellas que
tenían por objeto la solución de graves problemas médicos o conseguir
medicinas o tratamientos para determinadas dolencias o enfermedades.
Lamentablemente hoy no es así, desde hace años que este país y su política se ha ido transformando
y quienes ingresan al “servicio público”, a menudo lo hacen con la
finalidad de simplemente ganar dinero y algunos ese afán de ganar dinero
lo han llevado al extremo de extraer fondos del Estado de cualquier
forma, con la finalidad de engrosar sus propios bolsillos, instalando
gravemente el germen de la corrupción, ideando formas para quitarle
fondos al Estado y no para utilizarlos con fines altruistas, sino para
satisfacer la propia codicia; y, lamentablemente manchando con ello el
concepto de lo que son las fundaciones, que esencialmente y aunque
parezca hoy una paradoja, son personas jurídicas sin fines de lucro, es
más, a ella el fundador o los fundadores dotan y/o dotaban de un
patrimonio destinado al cumplimiento de un fin de carácter altruista.
Incluso
por estos días, hay personas, incluso comunicadores que están asentando
el concepto de cleptocracia, vale decir, aquella forma o sistema de
gobierno que en lugar de propender al bien común, se centra en el
enriquecimiento de sus propios dirigentes por medio del aprovechamiento
de los recursos públicos, señalando a la creación y explotación de
fundaciones, como la forma ideada para extraer recursos del Estado, vale
decir, para quitar recursos que son de todos los chilenos y que
deberían estar destinados a satisfacer las necesidades de la gente, pero
en pos del bien común, a fines de interés general, como son salud,
viviendas, educación y con ello asegurar los sueldos y pago de la deuda
que se tiene con ese sector, trasladándolos a los bolsillos de algunos
amicus curiae y sin dar cumplimiento a la satisfacción de las
necesidades de la gente, no buscan dar solución
a la pobreza, no buscan mejorar la educación, no buscan dotar a la
población de mejor salud, no buscan mejorar las pensiones, no buscan dar
solución al problema de viviendas, sino que buscan el enriquecimiento
de unos pocos “apitutados”, mientras la gente sufre con las alzas
permanentes de precios, con la escasez de viviendas, con paros en la Educación
porque no se les ha cumplido, sin tener satisfechas sus necesidades de
salud como se aspira que sea, lo cual es simplemente injustificable e
intolerable y no basta con que una parlamentaria diga que tal o cual
persona que se sindica como artífice de la situación ya no viva con
ella, no basta una simple explicación, no basta decir que se
equivocaron, no basta pedir perdón. A todas las personas se les exige un
mínimo de honestidad en su actuar, pero a quienes detentan cargos
públicos, sean o no de elección popular, se les debe exigir un máximo de
honestidad, porque en estos casos, la falta de honestidad en el actuar
afecta a todos los chilenos, por ello mientas no se aclaren todas estas
situaciones, no es posible en modo alguno que se apruebe ninguna clase
de Reforma Tributaria,
que esté destinada a sacar más dinero a la gente para entregarlo al
Estado, porque primero se debe contar con la más absoluta seguridad que
los fondos no irán a pasar por manos porosas, sino que van a llegar
efectivamente a satisfacer necesidades de bien común.