Después
de meses de trabajo abnegado y sacrificado, los convencionalistas el
día sábado 14 de mayo presentaron el borrador de Constitución que será
objeto de revisión y adecuación en las próximas semanas, para así poder
contar con un texto definitivo. Fueron 10 meses de trabajo intenso, que
incluyó muchos fines de semana, siete comisiones, 103 sesiones
plenarias, las que permitieron evacuar como resultado 499 normas
permanentes (o potenciales artículos) en un total de 49.637 palabras.
El
número abultado de artículos o normas ha sido objeto de críticas por
los distractores de la Convención. Las posiciones de los partidarios del
apruebo el 2021 oscilaban entre una Constitución maximalista o
minimalista. Esta última opción (de la cual era yo partidario) pretendía
redactar una Constitución con poco detalle y el menor número de
artículos posibles, en donde la promulgación de leyes permitiría ser
especifico, como una forma de hacer más flexible la Carta Magna, y con
ello permitir su duración por más tiempo. Sin embargo, la Convención se
inclinó por redactar una Constitución que incluyera cada una de las
reivindicaciones de nuestra sociedad con mayor detalle y
especificaciones, quizás como un reflejo de la diversidad de origen de
los convencionalistas (muchos movimientos con causas propias), quizás
como una consecuencia de la desconfianza de la ciudadanía frente a las
instituciones del país.
Una
Constitución extensa se puede entender desde variadas miradas, más allá
de la desconfianza, tratando de ser objetivo en base al contenido del
borrador propuesto. Primero, el solo hecho de declararnos un Estado
Social de Derecho conlleva a la Constitución a reconocer nuevos derechos
que la Constitución del 80 no considera o explicita, o expande otros
considerados desde una mirada subsidiaria, Explicitar el deber del
Estado de proteger el bienestar de las personas, la sociedad y la
naturaleza implica declarar derechos sociales como vivienda, salud o
educación, junto a nuevos derechos ambientales, de los animales, cambio
climático, o de paridad asociados a representación o derechos sexuales y
reproductivos. Un nuevo Chile requiere actualizarse a los tiempos y las
nuevas demandas de la sociedad.
Se
critica que el borrador es indigenista; sin embargo, más nos debería
preocupar la invisibilidad hasta ahora en la Constitución de nuestros
pueblos originarios, sus tradiciones, su cultura y sus derechos.
Reconocer a Chile como un Estado plurinacional da cuenta por primera vez
y en justicia de la existencia de pueblos y naciones indígenas,
incorporando sus derechos colectivos e individuales. En algún momento
Chile y su Constitución debían asumir esta deuda histórica.
La
Constitución del 80 tenía menos artículos; sin embargo, formaban parte
complementaria de ella 18 Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC). Estas
leyes, a diferencia de otras comunes, requieren de la vigilancia del
Tribunal Constitucional y su modificación exige quórum de cuatro
séptimos del Senado y la Cámara de Diputados, lo que en la práctica la
hacía parte del texto. Las LOC juntas suman un millar de artículos, y
hoy que el borrador constitucional las elimina, ya que incorpora sus
principios fundamentales al texto de la Carta Magna, hace entendible el
amplio número de normas o artículos.
Los
extensivo del texto constitucional no es un problema en sí mismo, lo
importante es que sea una respuesta a las aspiraciones y demandas de la
ciudadanía. Es probablemente que el borrador sea un reflejo de la salud
de nuestra democracia y sus instituciones, por tanto, su extensión y
detalle quizás nos permitan recuperar la credibilidad entre
instituciones y ciudadanía para una mejor democracia.