La Ley 21.176 o Ley Sobre Titularidad Docente, pretende resolver la incierta situación en que
se encuentran por años los profesionales de la educación que presentan
una dualidad en su contratación, en parte son contrata, con plazo fijo
por un determinado número de horas, y en parte son titulares de un
determinado número de horas en la dotación docente comunal. O sea,
tienen en propiedad un nombramiento o contrato que sólo parcialmente
puede extinguirse por algunas de las causales de término de la relación
laboral que establece el Estatuto Docente, son éstas las ficciones que
por años ha generado la incapacidad de conciliar dos pretensiones
legítimas, una la de los sostenedores que abogan por una mayor
flexibilidad en las contrataciones de los profesionales de la educación,
dependientes de municipios y corporaciones, la otra, las expectativas
del magisterio de generar un estado de inamovilidad funcionaria, lo que
genera altos costos para la Administración en el evento de la
desvinculación.
Una
vez más se ha impuesto una negociación por rama de actividad, que
traerá nuevas vicisitudes para las administraciones del sistema
municipal, pues por el sólo ministerio de la ley deberá adecuar
dotaciones restringiendo aún más el ámbito de la libre contratación y el
porcentaje de profesionales que pueda contratar a plazo, en el contexto
de un sistema en que la matrícula como elemento determinante del
ingreso va a la baja.
Especialmente
dificultosa se hará la Administración para la Cormupa, que deberá
ajustar los porcentajes de contrata y de profesionales titulares
reduciendo el margen de discrecionalidad que tenía para las
contrataciones, máxime cuando oportunamente no ajustó dotaciones, ha
incrementado las contrataciones y no ha conseguido avanzar en la difícil
y poco popular tarea de ajustar la oferta a la demanda educativa, poniendo término a los proyectos educativos no viables en este sistema.
La comunidad sólo percibe los efectos, los malos resultados y contempla
pasivamente las fotos y los ofertones de tiempos mejores, pero no ha
existido la mano dura y eficiente que se ofertó, y por cierto, la
permisividad se paga. El Alcalde Claudio Radonich, ha demostrado ser un
político hábil, capaz de gobernar con un dedo un Concejo Municipal, que
ha demostrado cero capacidad de gobernanza y de velar por el sano
equilibrio de poderes a nivel comunal, veremos si esa habilidad además
se acompaña con la capacidad de gestión que se espera de sus equipos de
trabajo, hasta el momento no ha sido así, las deudas reales, no las
presentadas en estados inexistentes y no validados por la Contraloría
General de la República, han ido al alza, los ingresos a la baja.
Ahora
deberá reconocer la titularidad de las horas de extensión horaria a
contrata, formalizar la situación de los profesores de aula y docentes
directivos, difícil tarea si aún no consigue implementar la ley 20.804
durante todo el año 2019. Incapacidad o maña, para disfrutar de la
última cuota de discrecionalidad en el límite de lo que la ley permite,
lo cierto, esta porfía en el incumplimiento ha sido posible merced a un
Colegio de Profesores, que ha tenido una gestión igualmente desatinada e
inoportuna, capaz de reclamar lo obvio y postergar lo importante.
Igualmente,
esta gestión alcaldicia ha tenido éxito en postergar y sortear las
fiscalizaciones, ya sean del Ministerio de Educación o de la
Superintendencia de Educación que ha brillado por su ausencia, pues es
de público conocimiento que no se está cumpliendo ni con los porcentajes
de contratas, ni con la titularidad docente que reconoció la ley 20.804
y su modificación. y difícilmente se hará cumplir la nueva Ley 21.174.
O sea, la consigna es una sola, o en realidad dos aspectos de lo mismo,
la culpa es de las administraciones pasadas, las soluciones son
responsabilidad de mi continuador en el cargo, porque este muerto no lo
cargo yo.