Muchos países expresan sus indignación manifestando su disconformidad social, invadiendo sus calles por todo aquello que les molesta o no les satisface como sociedad.
En nuestro país lo han hecho los pescadores artesanales de las
distintas regiones que pidieron una nueva ley de pesca y exigieron
derogar la ley que actualmente rige a estas actividades y con estas
manifestaciones hicieron conciencia nacional para que sus demandas fueran escuchadas y encontraron apoyo parlamentario en la solución a sus problemas económicos.
También
tenemos nuestros propios dilemas con la calidad de la educación, tema
central que ha movido a miles de estudiantes a realizar marchas en
diferentes ciudades del país con el objeto de que las demandas
estudiantiles sean atendidas en su totalidad por parte de las
autoridades gubernamentales.
Esta
dicotomía que se produce entre los sectores en conflicto se ha
dificultado por la imposibilidad de dialogar y porque la virulencia
física y verbal se ha desatado en los enfrentamientos callejeros y
también se han incorporados al movimiento estudiantil numerosas
agrupaciones sindicales, ambientalistas, poblacionales y otros sectores
sociales que han hecho causa común con el petitorio de los estudiantes
enarbolando pancartas y lienzos alusivos que avivan el ambiente
callejero lo cual aumentó en su momento la efervescencia social.
El
diálogo racional se aleja de las posiciones conflictuadas lo que no
permite discutir ideas y en consecuencia el diálogo se rompe por ambas
partes y el desorden y la violencia grupal y la represión lógica que
estas manifestaciones provocan, llevan a la sociedad a una convivencia
deteriorada por la pérdida del principio de autoridad y la desconfianza
en las instituciones del Estado que no son capaces de satisfacer las
esperanzas y las inquietudes de gran parte de la ciudadanía que se
siente atropellada en sus derechos constitucionales.
La
población chilena en todos los sectores poblacionales incluyendo los
grupos sociales antagónicos desde el punto de vista económico están
permeadas de alguna manera por la educación, ya sea porque alguna vez
han sido alumnos hoy son alcaldes, concejales, diputados, senadores,
jefes de servicios y otros pertenecen a organismos del estado que tienen
relación directa con la educación que han recibido por lo tanto tomar
el problema como intransigencia de poderes no ayuda a solucionar los
problemas y con estas actitudes de oídos sordos, no quieren someterse a
la racionalidad, la que nos permite resolver ésta y otras diferencias
humanas.
Lo
más preocupante en todo este embrollo dialéctico que se ha armado para
buscar las soluciones adecuadas a las circunstancias que vive el país
en el aspecto educacional y otros, es que todos los actores involucrados
coinciden en los principios fundamentales del descontento, pero, al
momento de dar a conocer sus propias conclusiones cada uno tiene un
punto de vista diferente y además se suma la intransigencia producto de
las presiones que se ejercen en todos los niveles de decisión y así no
se puede llegar a ningún acuerdo razonable.