Casi dos décadas de
sequía en nuestro país, y el presente año será el ícono de la
irresponsabilidad de las autoridades que tuvieron a cargo este sensible
tema. Y peor aún, con un Gobierno plagado de actos de corrupción, y en
sus días finales, se suma una nueva arista llena de “razonables dudas de
transparencia”. Esto porque el miércoles pasado el ministro de Energía,
Juan Carlos Jobet, firmó un nuevo decreto preventivo de racionamiento
eléctrico, extendiendo el actual texto que vence el 31 de marzo hasta el
30 de septiembre. Pero, aunque esperado, el nuevo documento tuvo
algunas particularidades que no pasaron desapercibidas en la industria.
Con el correr de los días, los análisis han comenzado a sincerarse,
tanto en la forma como en el contenido.
Primero,
causó sorpresa que no tenga tramitación inmediata y que se distribuyera
el documento a diversos actores de la industria a pesar de que aún no
tiene la firma del Presidente de la República ni la toma de razón de la Contraloría.
Segundo,
en el contenido, las dudas están puestas en el aspecto más llamativo
del nuevo texto: el mecanismo para asegurar diésel, el que no tiene
precedente alguno. El texto propone un mecanismo de refuerzo para el
suministro de diésel para reconocer costos asociados a la logística de
su provisión. Con esto, se agrega un nuevo cargo tarifario que de seguro
será traspasado a clientes libres para reconocer un costo inédito en el
mercado eléctrico, en pleno proceso de descarbonización (alegría para
las generadoras eléctricas y para las empresas que distribuyen
combustibles. Apuesto que son los mismos dueños).
Tercero:
Existen serias dudas sobre si el contenido del mecanismo para asegurar
el suministro de diésel propuesto por este gobierno tiene suficiente
sustento legal.
Cuarto:
Afectará a los generadores que participen del mercado de contratos, en
lo que se refiere al mecanismo de pago de sobrecostos del diésel, el que
se cargará a todos aquellos que efectúen retiros de energía para
suministrar sus contratos con distribuidoras o clientes libres.
Quinto:
con este decreto preventivo de racionamiento a medias, no se quiere
cerrar el tema en este Gobierno y más bien se entregan detalles ahora
para calmar los ánimos, dejando que la próxima administración zanje las
directrices claves en los próximos meses cuando se enfrente los momentos
más duros de estrechez.
En
resumen, el decreto no tiene ninguna validez, pero fue compartido con
todos los “incumbentes” para que ellos puedan estudiarlo y llegar al 11
de marzo para enfrentar de verdad el tema.
Puedo
entender que los Magallánicos me puedan replicar que este racionamiento
eléctrico aplica solo para el sistema interconectado central (SIC), que
va de Taltal por el norte (Región de Antofagasta), hasta la isla grande
de Chiloé por el sur (Región de Los Lagos), pero es bien sabido que un
decreto que afecta a cerca del 92% de la población nacional, podría ser
muy pronto un decreto aplicable al
sistema eléctrico de Magallanes (SEM) y al Sistema Eléctrico de Aysén
(SEA), y después de eso no hay vuelta atrás.