El
gobernador de nuestra región, el señor Flies, ha firmado un convenio
con ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los refugiados, con el fin
de traer a nuestra región una cantidad indeterminada de refugiados,
otorgándoles derechos y beneficios que muchas de las personas que
habitan Magallanes, no tienen. Después de leer el convenio y las
variadas declaraciones del Gobernador, surgen muchas dudas legítimas
para la comunidad, que se enteró por la prensa del compromiso firmado.
Lo
primero a destacar es si el gobernador tiene facultades legales para
firmar un convenio de ese tipo. Se han presentado dos requerimientos a
la Unidad de Control de la Gobernación con el fin de esclarecer la
legalidad del tal acto, que parece muy dudosa. El manejo de las
relaciones exteriores pertenece exclusivamente al Presidente de la
República por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de
manera que un gobernador regional no puede comprometer la
responsabilidad internacional del Estado de Chile. En la eventualidad
que algún gobernador no quiera cumplir dicho acuerdo ¿quién sufriría las
consecuencias de tal incumplimiento, la Región de Magallanes o Chile?
Es más, uno de los objetivos de dicho acuerdo es fortalecerlo mediante
instrumentos legislativos, es decir, mediante leyes, pero como se
comprenderá, el gobernador no tiene competencias para dictar leyes, de
tal manera que queda claro que dicho es ilegal.
Por
otro lado, en una muy mala defensa del acuerdo que firmó, acusa de
xenófobos a todos quienes se oponen a tal convenio. Llegó incluso a
victimizarse señalando que lo habían insultado a propósito de la firma
del convenio. No hay xenofobia cuando el gobernador por sí y ante sí,
sin consultar a la ciudadanía, pretende traer inmigrantes en el contexto
de una crisis económica, que obviamente no le afecta, pues está
recibiendo un millonario sueldo mensual, sino a cientos de familias
magallánicas y chilenas que verán postergadas sus aspiraciones de
beneficios para sus familias. En declaraciones a un canal regional
señaló el deseo que “esa migración esté coordinada, esté planificada y
esté en acuerdo con el desarrollo de la región de Magallanes” (sic). Acá
no habla de refugiados, sino de migración y jurídicamente no todo
migrante es refugiado. De esta manera el Gobernador no deja claro a la
ciudadanía el real alcance del acuerdo. Más aún, en la misma prensa se
publicó la noticia de convenios de la Gobernación con FIDE XII y la
Universidad de Magallanes bajo el paraguas del acuerdo con ACNUR, para
la orientación jurídica y de otras materias para inmigrantes, de manera
tal que una vez más el gobernador habla de refugiados, pero al parecer,
en los hechos se trata de inmigrantes. La opacidad con que se está
actuando, es propia de quienes fueron electos por muy pocos votos.
La
ciudadanía debe saber además que este acuerdo incluye no sólo a
personas refugiadas, como lo declara el gobernador, sino también a
personas desplazadas y apátridas, según se lee en el convenio firmado.
Una persona se entiende desplazada cuando ha debido abandonar
forzosamente su hogar o residencia habitual dentro del país (en este
caso, de Chile); en tanto los apátridas son quienes carecen de
nacionalidad.
Otro
tema que debe ser aclarado, es que el acuerdo con ACNUR quiere
incorporar “ciudades solidarias”, pero el gobernador no tiene
competencias sobre la administración municipal como para obligarlas a
suscribir acuerdos con el fin de recibir refugiados, desplazados y
apátridas.