Resulta
irrisorio y hasta increíble, pero un imputado por millonarios destrozos
a un céntrico local comercial de Punta Arenas logró un acuerdo con la
Fiscalía y según el acuerdo alcanzado en el Tribunal de Garantía de
Punta Arenas, José Oyarzo Pérez, aceptó su responsabilidad en los hechos
por lo que el proceso se suspende por un año. Deberá hacer una donación
de 100 mil pesos al Hogar Miraflores y no participar en
manifestaciones.
Ello
generó indignación de muchos afectados por la violencia extrema de la
que han sido víctimas en Punta Arenas desde hace casi un año y que ha
sido avalada por la escasa investigación del Ministerio Público.
En
nuestra capital regional se han cerrado numerosos negocios, miles de
magallánicos han perdido sus trabajos y la Fiscalía, a pesar de abnegado
trabajo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, ha
instaurado un creciente sentimiento de impunidad con la delincuencia y
el vandalismo.
Desde
el 19 de octubre del año pasado hemos presenciado ataques a edificios
patrimoniales tanto públicos como privados, descuartizamiento de
estatuas, rayados en todas las paredes, saqueos a supermercados y
tiendas comerciales, la amenaza de: “el que baila pasa”. Barricadas,
incendios, piedrazos, destrucción de semáforos y cámaras de
televigilancia, y agresión a decenas de funcionarios policiales.
¡Eso nunca antes había ocurrido en Magallanes!
El
magallánico nacido y criado en esta tierra esperaba mucho más del
actuar de la Fiscalía durante los últimos 365 días. Porque si bien, el
Ministerio Público ha podido concretar ciertos casos y lograr que
algunos imputados acepten su responsabilidad en desórdenes menores, o
incluso presentar acusación contra el único –hasta el momento-
involucrado en el incendio de la AFP Habitat, lo cierto es que la
ciudadanía está desencantada de la única entidad encargada de perseguir
los ilícitos.
La
Fiscalía no ha sido eficiente. La labor investigativa ha sido muy lenta
y al final queda la sensación de que no se hizo nada, porque no hay un
gran número de formalizados.
La
pandemia del Coronavirus contribuyó a olvidar las graves deficiencias
que han sido complacientes con los delincuentes que destruyeron gran
parte del patrimonio que gozaba Punta Arenas, hasta hace un año una
ciudad con una notable belleza arquitectónica admirada por todos los
turistas que llegaban a la región.
Hoy
nuestras céntricas calles lucen tapizadas, rayadas y muchos sitios se
presentan como eriazos debido a que sus dueños no han querido volver a
construir, tras haberse incendiado y destruido sus construcciones.
Muchos aún están temerosos de los miles de encapuchados que desde hace
un año hicieron lo que quisieron, amparados por erráticas
investigaciones de Fiscalía que se fueron cerrando con el tiempo.
El
vandalismo, la delincuencia e incluso acciones de tipo terrorista como
la quema de la AFP Hábitat (Avenida Colón con calle Magallanes) y el
incendio y destrucción del local de la empresa Claro (Avenida Colón con
calle Bories) provocaron un sentimiento de inseguridad que afectó transversalmente a toda la comunidad.
Hay adultos mayores que viven en el sector céntrico que por semanas no
pudieron conciliar el suelo la clase trabajadora de Magallanes fue
fuertemente afectada por las millonarias pérdidas ocasionadas.
Muchos
perdieron su fuente laboral durante esos meses, y que hoy se ven
perjudicados injustamente y con mayor énfasis en estos tiempos de
pandemia.
Hubo
muchas Pymes que perdieron sus ingresos, dejaron de trabajar, dejaron a
gente cesante. Si el Coronavirus provocó un alza en la cesantía en
Magallanes, el vandalismo y la destrucción ya habían hecho lo suyo a
fines del año pasado.
Desde
diversos sectores se ha criticado el deficiente trabajo de los fiscales
de Magallanes. Algunos apuntan directamente a la incapacidad laboral
que presentan los personeros del Ministerio Público para perseguir este
tipo de ilícitos de “organización”.
El Gobierno también ha sido complaciente contra el nulo actuar de Fiscalía.
Tras
el estallido social hizo vista gorda ante mucho actuar delincuencial y
no fue capaz de apurar las investigaciones o bien de pedir explicaciones
del por qué nulo actuar de la Justicia en diversas resoluciones. Se
siente la impunidad y la falta de respeto hacia las mismas autoridades y
la poca firmeza del Gobierno para atacar, cuando se debe, la falta de
autoridad, tales como los uniformados y la PDI. Cuando eso se permite,
pasa lo que ocurre actualmente: una alta sensación de inseguridad
acrecentada por las duras cifras que nos deja el Coronavirus en
Magallanes.
No
hay justicia, no hay penas, el culpable debería pagar y ello no ocurre.
Cuando no hay penas, cuando se dejan pasar faltas sin consecuencias,
las riendas se sueltan.
La
sensación de impunidad es una situación real, y hasta en la pandemia lo
hemos percibido, con escasa sentencia a quienes han infringido
cuarentenas o toques de queda.
Fiscalía
debe hacer un mea culpa y urgentemente debe mejorar su actuar. Porque
lleva un año siendo protagonista de la impunidad en nuestras calles.