En
estas columnas he tratado de entregar mis apreciaciones sobre un tema
relevante como lo son las AFP, no obstante, y en virtud de lo ocurrido
este Domingo con las elecciones, debemos realizar una pausa en aquello
para repensar los acontecimientos.
En
Chile, la democracia se encuentra incólume; no ha sufrido daños, sin
embargo, el Estado como lugar de derecho muestra un fuerte
cuestionamiento que sufre una especie de desconexión con las demandas
sociales existentes.
Un
sondeo del Consejo para la Transparencia indica que sólo 2 de cada 10
chilenos confían en el Estado, revelando también que más de un 75% de
los encuestados lo considera distante. Estas cifras no nos deben
extrañar y muchos académicos incluso lo han mencionado antes del
estallido social de octubre. Nuestra institucionalidad pública se
encuentra “erosionada y desconectada”. En otras palabras, la sociedad ha
avanzado, la tecnología ha avanzado, las necesidades han cambiado, no
obstante, el quehacer público se encuentra estancado en políticas poco
flexibles que no permiten realizar cambios. Eso va más allá de cualquier
gobierno de turno.
El
estallido social del año 2019 fue claro, con demandas sociales
específicas que entregan un mandato preciso a una convención
constitucional elegida democráticamente. No obstante, el enfrentamiento
entre un lado y el otro, sumado a los escasos espacios de participación
para la sociedad civil dieron una bofetada al proceso. Es con esto, que
estas elecciones no muestran ganadores ni perdedores, sino más bien la
mencionada desconexión social. Es de esta manera, que tenemos que volver
a conectar a los distintos actores de la sociedad. Como lo indica Rajan
en su libro “El tercer pilar” el desafío es revalorizar la
participación de la sociedad civil y su contribución comunitaria en el
desarrollo de una sociedad sostenible. Esto no es nada nuevo ya que en
países como China, Noruega o Suecia la representación de distintos
actores de la sociedad es habitual en la gobernanza de las
organizaciones públicas.
Para
nuestro país esta relación de co-participación social ni siquiera forma
parte de una conversación pública seria, sino que más bien se deja en
aspectos testimoniales, es decir, se generan instancias de participación
ciudadana de forma simbólica para cumplir con las formalidades exigidas
en la ley. Ejemplo de aquello es el paso elevado de la ruta 9 (cruce de
la muerte) en donde se han cumplido con todos los protocolos de
consultas ciudadanas, no obstante, la poca participación quita
confiabilidad a todo el proceso. Otro ejemplo de la desconexión es que
en este proceso de nueva constitución se dejó a voluntad de los mismos
constituyentes las instancias de participación, siendo que éstas
debiesen ser una obligación para ellos, permitiendo tener una especie
de termómetro social de los avances de sus trabajos.
En
definitiva, el Estado requiere urgentemente ser reformado para asegurar
la conexión con las necesidades de la comunidad. Chile cambio y el
Estado actual no cumple con las expectativas y exigencias de este nuevo
país. Este punto no se refiere a achicar el Estado, al contrario, tiene
que ver con fortalecer su accionar y hacerlo más eficiente con
funcionarios públicos dedicados a la labor pública y no ha robustecer
sus billeteras y su estado de bienestar particular. La necesidad de una
nueva constitución continúa y espero que las lecciones de este domingo
den un nuevo espacio al diálogo social.