En
Chile la crisis de confianza en las instituciones coloca en peligro a
la democracia y esto se agrava cuando hablamos del Estado. Un sondeo del
Consejo para la Transparencia de hace un par de años indicaba que sólo 2
de cada 10 chilenos confían en el Estado, revelando también que más de
un 75% de los encuestados lo considera distante e incluso maltratador.
Estas
cifras no nos deben extrañar y muchos académicos incluso lo han
mencionado antes del estallido social de octubre del 2019. Nuestra
institucionalidad pública se encuentra “erosionada”. En otras palabras,
la sociedad ha avanzado, la tecnología ha avanzado, las necesidades han
cambiado, no obstante, el quehacer público se encuentra estancado en
políticas poco flexibles que no permiten realizar grandes cambios.
El
debate público con frecuencia enfrenta a partidarios del Estado y a
partidarios del Mercado, sin embargo, la realidad es clara, el Estado no
puede asegurar el bienestar de sus ciudadanos sin el rol del Mercado y
esto no se trata sólo de la libertad o de un determinado modelo, sino
que se trata del funcionamiento económico de cualquier nación en donde
el éxito del Mercado depende de la eficiencia del Estado. Es de esta
manera que tenemos que volver a conectar a los distintos actores de la
sociedad. Como lo indica Rajan en su libro “El tercer pilar” el desafío
es revalorizar la participación de la sociedad civil y su contribución
comunitaria en el desarrollo de una sociedad sostenible. Esto no es nada
nuevo ya que en países como China, Noruega o Suecia la representación
de distintos actores de la sociedad es habitual en la gobernanza de las
organizaciones públicas.
Para
nuestro país esta relación de coparticipación social ni siquiera forma
parte de un conversatorio público, sino que más bien se deja en aspectos
testimoniales, es decir, se generan instancias de participación
ciudadana de forma simbólica para cumplir con las formalidades exigidas
en la ley. Un ejemplo de la desconexión de la política pública con el
quehacer social actual es la falta de una definición clara frente a los
roles de las nuevas autoridades regionales y de los sueldos millonarios
que reciben de forma mensual.
En
definitiva, el Estado requiere urgentemente ser reformado para asegurar
la eficiencia del gasto público. Chile cambio y el Estado actual no
cumple con las expectativas y exigencias para este nuevo país. Este
punto no se refiere a achicar el Estado, sino más bien a fortalecer su
accionar y hacerlo más eficiente con autoridades elegidas y dedicadas a
la labor pública y no ha robustecer sus billeteras y su estado de
bienestar particular. Se debe recuperar la confianza del Estado.