Estamos
en uno de esos momentos históricos en que se define el futuro de al
menos un par de décadas. Vivimos un proceso de intensa movilización
social, un despertar colectivo, que junto a la pandemia, ha traído
costos humanos y económicos
incalculables y nos ubican en un momento muy especial en nuestra
historia. Además, el trabajo de la Convención Constitucional abrirá
cerrojos que estuvieron bloqueados muchas décadas y que le impedían a
nuestra institucionalidad política hacer modificaciones estructurales.
Muchos
esperamos que la institucionalidad que nazca de la próxima Constitución
sea paritaria, plurinacional, más participativa y descentralizada. Un
régimen de gobierno legítimo que habilite una nueva política receptiva,
es decir, que tenga la capacidad de responder a las demandas ciudadanas,
que conecte a quienes adoptan decisiones con quienes viven los
resultados de las mismas. Sabemos que para que se implemente la nueva
institucionalidad se requerirá un par de años. Por ello, el próximo
Gobierno y Congreso no pueden solo ser de transición, sino que tienen
enormes desafíos que enfrentar.
En
primer lugar, a diferencia del actual Gobierno, tanto el futuro
Presidente como el Parlamento deben acompañar a la Convención en los
meses de trabajo que
le restan y generar las condiciones para que pueda redactar el nuevo
Pacto Social con amplia participación ciudadana, ya que ello es clave
para la legitimidad de la Nueva Constitución.
Luego,
deberá cumplir con los mandatos constitucionales y dictar todas las
leyes que se requieran para hacer realidad los derechos constitucionales
y la nueva institucionalidad estatal. Ello, en tanto la nueva
Constitución establecerá las bases de un nuevo modelo de desarrollo, que
esperamos nos permita enfrentar la crisis climática, y también los
fundamentos de nuevos sistemas de pensiones, salud, educación.
Probablemente reconozca los derechos reproductivos y sexuales que hagan
imperioso avanzar en legislar el aborto, y también se avance en una
distribución más equitativa de las labores de cuidado. Sin duda que
avanzaremos en descentralización, dotando de mayores atribuciones a los
gobiernos regionales y comunales. Todo ello requerirá nueva legislación y
modificar la existente.
La
historia nos alcanzó; no podemos perder más tiempo. El futuro Gobierno y
Congreso son los llamados a instalar propuestas e impulsar el debate en
todos estos temas. Aquellos que insisten en mantener el status quo son,
en este sentido, irresponsables, ya que solo intentan tapar el sol con
un dedo, sin mirar de frente el futuro y hacerse cargo de los desafíos
medioambientales, sociales y económicos de nuestro país.
Chile
necesita un Congreso Verde y Paritario, con la capacidad de proponer,
debatir y avanzar en la implementación del Estado Social de Derechos que
está naciendo.