Una
vez más la Convención Constitucional redactora de un proyecto de otra
Constitución, está dando que hablar por las malas noticias que provienen
de su seno. Ya no pueden seguir responsabilizando a otros, como es su
costumbre, de la mala fama que ha adquirido este órgano y muchos de sus
representantes, debido a las normas que proponen. Siempre ven en la
derecha, en los empresarios, en los ricos, y en una larga lista de
otros, los responsables de sus propias acciones. Ahora, cuando la
redacción del proyecto constitucional está en manos de la izquierda, no
hay excusa posible para deslindar responsabilidades.
En
materia económica, están cocinando la receta para un desastre. Quieren
nacionalizar la gran minería, como el cobre y el litio, sin derecho a
indemnización; y junto con ello, que el país deje de estar bajo la
jurisdicción de tribunales internacionales de comercio. Además de ser
estas normas impropias de una constitución política, alejarían por
muchos años la inversión extranjera en proyectos mineros, debiendo
entonces el Estado destinar recursos para buscar nuevos yacimientos,
dejando de gastar recursos en los más necesitados. Pretenden estos
convencionales que la libertad de emprendimiento no sea una garantía
constitucional, dejando al Estado y a los políticos la decisión de
cuándo y bajo cuáles condiciones una persona podrá dedicarse a una
actividad económica lícita. Esta situación lleva directo a la
corrupción, pues sólo algunos tendrán la facultad de decidir cuándo se
podrá emprender, en tanto otros, pagarán de alguna manera para poder
llevar a cabo su emprendimiento a esos políticos. Otro aspecto es la
degradación de la garantía de la propiedad privada, que está en sintonía
con las propuestas de la izquierda. Esto significa que si los políticos
deciden que el derecho de propiedad afecta otros intereses, entonces
corresponderá expropiarlo. Si alguien pretende invertir en el país, con
independencia del monto de la inversión y de la nacionalidad de los
capitales, entonces lo pensará dos veces antes de hacerlo, dado que para
invertir debe adquirir la propiedad de inmuebles, marcas, patentes,
capitales, los que estarán sujetos a expropiación según la decisión del
político de turno.
En
materia política, aun cuando no se diga que se quiere un Estado
Federal, las normas de la convención están yendo en esa dirección. El
Estado unitario, con un solo himno, con una sola bandera, con un mismo
sistema de justicia para todos, con un solo Congreso Nacional, se está
echando por la borda. Proponen sistemas de justicia diferente para cada
pueblo originario, de manera que si alguien tiene un conflicto con una
persona de una etnia distinta, deberá someterse al sistema de justicia
de esa etnia, y no a uno imparcial. Se pretenden crear congresos
legislativos regionales, con capacidad de crear impuestos regionales, de
manera que una mayoría transitoria puede establecer impuestos a las
personas, sin considerar el impacto económico, pues esa no será su
responsabilidad.
Muchas
de estas normas basadas en supersticiones económicas y políticas, antes
que en acabos estudios de factibilidad, si bien han sido aprobadas en
comisiones, es decir, solo por pocos convencionales, ellas deberán ser
ratificadas por dos tercios de la convención. Sin embargo, dado que
quienes las propusieron y redactaron tiene mayoría en la Convención, y
dado que faltan cuatro meses y medio para la entrega del proyecto, se ve
muy difícil que se cambien tales propuestas, pues no habrá tiempo para
modificarlas.