Los
datos no mienten. En Latinoamérica el índice de feminidad de la pobreza
demuestra que ésta afecta en mayor grado a las mujeres que a los
hombres. En Chile, por su parte, cada vez existen más porcentaje de
familias que son llevadas adelante por mujeres, no obstante ganamos un
30% menos que los hombres. Finalmente, Magallanes tiene de los índices
más altos de violencia intrafamiliar del país. Si podemos traducir estos
datos en una frase: las mujeres estamos más expuestas a la violencia,
llevamos la carga de quienes requieren de cuidados (niños, niñas,
enfermos y adultos mayores) y contamos con menos recursos para enfrentar
esta responsabilidad.
Estos
datos han estado sobre la mesa hace mucho tiempo. Sin embargo, solo han
sido visibilizados gracias a los movimientos feministas y su incansable
lucha por igualdad y equidad. Ello, debido a que solo fuimos capaces de
entender qué existía detrás de estos datos cuando accedimos a la
perspectiva de género. Allí, aprendimos que el problema que aqueja a las
mujeres, sobre todo a las cuidadoras, es multidimensional y que, por
tanto, se requiere de una mirada transversal para el diseño de políticas
públicas.
En
un esfuerzo desesperado por impedir el avance en la agenda feminista,
los Diputados Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) y Harry
Jürgensen (Renovación Nacional) hace unos días enviaron un oficio desde
la Cámara de Diputados para que las diversas universidades del país,
entre ellas la UMAG, informen “sobre los cursos, centros, programas y
planes de estudio que se refieran a temáticas relacionadas con estudios
de género, ideología de género, perspectiva de género, diversidad sexual
y feminismo, detallando sus principales características e
individualizando a los funcionarios o docentes que están a cargo de
ellos”. Una suerte de inquisición y persecución que pasa a llevar la
autonomía de estas casas de estudio, denostando al movimiento feminista
con la expresión ‘ideología’ y, además, haciendo prever un esfuerzo
censurador para impedir el avance de este movimiento civilizatorio.
A
lo anterior, sumemos que hemos visto cómo el candidato de ultraderecha
José Antonio Kast está impulsando un programa de gobierno en el que,
contra toda evidencia empírica, se proponen políticas públicas que
beneficien a familias en que exista vínculo matrimonial -cuando los
hechos demuestran que son las familias lideradas exclusivamente por
mujeres quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad- y que cuestionan
el rol e importancia de la institucionalidad como el Ministerio de la
Mujer.
Hoy por tanto hace mucho sentido aquella frase célebre: “Los derechos conseguidos por las mujeres siempre están en riesgo”.