La promulgación del nuevo
Estatuto Chileno Antártico es un hecho largamente anhelado por todos los
chilenos y, muy especialmente, por los magallánicos. Más de seis décadas hubieron
de pasar desde la promulgación del primer “Estatuto del Territorio Antártico
Chileno”, dictado por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo en 1956, para que
el Estado de Chile volviera a dotarnos de un instrumento jurídico destinado a ratificar, modernizar y adecuar
nuestra legislación interna conforme al Sistema del Tratado Antártico. La
promulgación del nuevo Estatuto Antártico conlleva asimismo un profundo mensaje
para todos los chilenos: la protección y fortalecimiento de los derechos
soberanos antárticos de Chile, con claros fundamentos geográficos, históricos,
diplomáticos y jurídicos.
El Presidente de la República, en el acto de
promulgación realizado a bordo de un buque de la
Armada de Chile en Punta Arenas, fue enfático en declarar que el
Estatuto Antártico “se adecúa no solo a las necesidades del presente
sino que también a los desafíos del futuro, protegiendo y fortaleciendo
nuestros derechos soberanos y, al mismo tiempo, incluyendo la plataforma
continental, con claros y fundamentos geográficos históricos y jurídicos”. Junto con ratificar la soberanía chilena, reiterando
la delimitación realizada en 1940 por el Presidente Pedro Aguirre Cerda y los
esfuerzos del Presidente Gabriel González Videla por ejercer -a partir de 1947- actos de
soberanía en el continente antártico, el nuevo texto legal se preocupa especialmente
por incorporar, actualizar y extender la soberanía chilena sobre todos los
espacios marítimos que le correspondan de conformidad con el Derecho
Internacional.
Por otra parte, la oportunidad y lugar para su promulgación no
pueden ser más apropiados. En efecto, los chilenos estamos muy conscientes de
las pretensiones territoriales del gobierno argentino, que recientemente ha
realizado una serie de actos y aprobado una serie de leyes, con el objeto de
fortalecer sus intereses en el Mar Austral y en la Antártica, en desmedro de
los intereses chilenos en el área. Por razones que aún no se explican del todo,
la pasividad en la actuación de las autoridades chilenas, ha permitido a los gobiernos
transandinos avanzar sin mayor oposición chilena. Es cierto que, frente a las
actuaciones unilaterales e inoponibles argentinas, se han enviado numerosas
notas de protesta, era necesario que el gobierno chileno tomara una actitud más
proactiva en defensa de nuestros intereses. La promulgación del Estatuto
Antártico surge, pues, como una respuesta oportuna y necesaria para afianzar
nuestros intereses soberanos en el Continente Blanco. Pero ciertamente no es
suficiente. Aún quedan una serie de tareas, acciones y medidas que el Estado
chileno debe realizar para recuperar el tiempo perdido.
El que la prmulgación del nuevo Estatuto Antártico se
realizara en Punta Arenas a bordo del un buque de la Armada, es un fiel reflejo
de la importancia que tiene dicha ciudad en el desarrollo de la presencia y
soberanía chilena en el territorio antártico. Sede de una serie de organismos
públicos y privados, dedicados al desarrollo de investigación científica,
medioambiental, entre otras, la ciudad de Punta Arenas se consolida como la
futura capital del Continente Helado, dada su privilegiada ubicación. Igualmente
destacable es el rol que cumple la Armada en ejercer actos de soberanía en la
Antártica, a través del apoyo y mantención de las bases nacionales, el
desarrollo científico y la protección del medioambiente marino, entre otras,
donde el futuro nuevo Rompehielos “Almirante Oscar Viel” cumplirá un papel
fundamental, para orgullo de Chile y de su descendencia.
Francisco Orrego, abogado