La legitimidad del
proceso constitucional en curso es, ante todo, una responsabilidad de
naturaleza política. Los comisionados expertos han presentado un texto
que, si bien no ha logrado plena satisfacción de todos los sectores,
tampoco ha dejado a nadie por fuera. En cambio hoy, al desarrollarse la
labor de los consejeros, somos testigos de una serie de enmiendas
presentadas por el Partido Republicano que son altamente identitarias
excluyendo a buena parte de los ciudadanos de nuestro país.
Desde
el bloque oficialista, nuestra convicción permanece intacta: Chile
requiere una constitución que refleje los diversos intereses que
coexisten en nuestro territorio. Para avanzar hacia esta meta, debemos
navegar por un sendero lleno de obstáculos, enfrentando mezquinos
intereses políticos que no ponen en el centro de la discusión al pueblo.
Necesitamos convertir la política en una herramienta al servicio
genuino de la ciudadanía para legitimarla y restaurar su verdadero
propósito.
Por
tanto, abogamos por una constitución inclusiva, que se edifique sobre
los consensos generales, relegando aquello que nos divide. Existen
múltiples dimensiones que consideramos cruciales para el proyecto de
Constitución que será presentado a la ciudadanía el 7 de noviembre.
Elementos como un Estado Social de Derechos, Unitario y Descentralizado,
y una visión de futuro que promueva una sociedad justa, solidaria y
equitativa, deben formar la base. De ahí en más son múltiples las areas
que sostenemos debe abarcar una Constitución, siendo algunas de ellas el
medioambiente, la seguridad y la probidad.
Para
avanzar en este sentido, hemos fomentado diversas instancias de
diálogo, tanto a nivel de las comisiones como en la mesa negociadora
central. Sin embargo, a escasos días de las votaciones en detalle, aún
no se ha alcanzado un acuerdo que involucre a las distintas fuerzas
políticas representadas en el Consejo Constitucional. El tiempo apremia y
tenemos una responsabilidad histórica a la cual debemos responder,
dilatar la discusión sólo acrecienta las especulaciones y el descontento
de la ciudadanía.
Esperamos
fervientemente que, en pos del bienestar de cada persona que habita
nuestro suelo, podamos obrar con conciencia de la trascendencia de
forjar una carta magna que avance, que sea inclusiva y pluralista, sin
ceder al impulso identitario. Sobre todo, una Constitución que acoja en
lugar de excluir.
Que
este llamado a la acción nos inspire a sobreponernos a las diferencias,
a levantar puentes en lugar de muros y a construir un Chile donde cada
voz sea atendida. El reto es mayúsculo, pero la oportunidad de forjar un
futuro más justo y unido está a nuestro alcance si actuamos con
determinación, unidad y vocación dialogante.