Chile
vive dos procesos paralelos pero tremendamente contradictorios. Por un
lado, existe un creciente incumplimiento de normas cuya expresión más
clara y preocupante, aunque no la única, es la creciente indolencia e
impunidad criminal. En 2020, plena pandemia, con restricciones de
movilidad y desplazamiento, en Chile tuvimos la tasa de homicidios más
alta de los últimos cinco años. Así, en lo que va de 2021, más de 70
personas han sido asesinadas con armas de fuego en nuestro país. Por
otro lado, estamos a pocos meses de iniciar un proceso que en términos
jurídicos y políticos tiene una alta relevancia para cualquier sociedad:
la redacción de una nueva constitución. Frente a estos dos cauces
surgen las preguntas: ¿es posible establecer reglas mancomunadas ahí
donde existe una cierta esquizofrenia normativa? ¿Cómo se pretenden
cambios a nivel social perdurables y beneficiosos sin la observancia a
normas? ¿cómo se aborda la reforma institucional prescindiendo de una
perspectiva consociativa basada en una cierta racionalidad regida por
normas? Una diputada que llama a quemarlo todo ejemplifica muy bien esta
contradicción que se vive en Chile.
En
ese sentido, en Chile parece existir una veneración por la futura
constitución pero un creciente desprecio por el Derecho. Basta observar a
nuestros actuales legisladores o las promesas de algunas candidaturas a
constitucionales donde proliferan grandes expresiones de voluntarismo
puro y enunciados morales grandilocuentes pero muy poca alusión al
espíritu, valores o principios de las normas como límites. Este problema
también se observa de parte de particulares que no respetan reglas de
todo tipo, desde normas de tránsito (como circular sin patente o evadir
controles policiales), pasando por las fiestas clandestinas o en plena
calle, hasta las constructoras que no respetan los ordenamientos
municipales pasando a llevar los derechos de propiedad de otras
viviendas. Lo mismo sucede en instituciones estatales y gubernamentales
de todo tipo con casos de corrupción, faltas serias a la probidad o
abierta e indolente negligencia de los funcionarios. Todo eso afecta la
seguridad jurídica, que es un concepto poco atractivo para los
matinales, pero que es esencial para garantizar la autonomía personal,
la igualdad jurídica y la libertad de las personas. Además, es
trascendental para poder hablar del respeto a los Derechos Humanos o
para establecer marcos mínimos de seguridad social sin terminar
sometiendo a los ciudadanos a burocracias enormes y corruptas o a
mandatos surgidos del capricho y creatividad de los legisladores de
turno. Es decir, la seguridad jurídica es esencial para permitir la
prosperidad material y espiritual de las sociedades en su conjunto.
En
ese sentido, el derecho no es solo la norma en sí, sino los criterios
por los cuales se establece tal norma como regla común. Eso explica que
las constituciones surjan como un sistema de límites al poder político
para permitir a cada personas vivir civilizadamente bajo reglas
generales conocidas y no bajo los cambiantes caprichos personales de un
monarca o los impulsos gregarios de unas barras bravas. La idea primaria
de la norma legal como límite depende esencialmente de la disposición
de diversos actores a respetar y someterse a dichas normas en tanto
límites a su actuar en distintas dimensiones. Por eso las reglas de
tránsito no están sujetas al estado de ánimo, la premura, la raza,
ideología, credo y condición sexual o económica de los conductores. Pero
¿qué le espera a una nueva constitución ahí donde parece existir un
creciente desprecio por la ley en función de la rabia, el resentimiento,
el deseo, la ambición o la emoción del momento?
Resulta
paradójico que a medida que tenemos más legislación, el ordenamiento
jurídico chileno parece irse debilitando cada vez más. Aunque esto ya lo
advertía Montesquieu siglos atrás al observar la compulsión de los
parlamentos por hacer más y más leyes. En parte, este fenómeno se
explica porque los legisladores chilenos usan la ley, con total
desparpajo, como un puñal contra sus adversarios políticos o contra
grupos a los que consideran menospreciables. Eso también explica que,
aparejado al uso indiscriminado de la legislación sin mediar
argumentaciones muy sofisticadas, de forma creciente se pretenda
disponer de recursos mediante lógicas cada vez más confiscatorias.
Porque algunos de nuestros políticos prometen cosas y hacen campaña con
recursos ajenos, sin mediar reglas ni limitaciones, como si fueran de
ellos. Todo ello, aunque se promueve como un discurso contra los ricos,
aumenta la inseguridad jurídica y la incertidumbre de los ciudadanos
comunes en muchos aspectos, al alimentar los afanes confiscatorios de
diversos grupos de interés que, en nombre de los derechos, claman por
más beneficios y rentas. La ley entonces queda desnaturalizada y se
erosiona el derecho. Así mientras en ciertos ámbitos se promueven con
ahínco y publicidad legislaciones draconianas, como cuando se busca
penalizar con cárcel ciertas opiniones, en otros contornos sociales
reina la laxitud, la ineficacia de la ley y la condescendencia con la
ratería y el atropello, con total desvergüenza. Que mejor ejemplo que el
silencio feminista frente a la acción sistemática de asaltantes cuya
predilección son las mujeres solas.
Frente
a esta contradicción ¿A qué se enfrenta el ciudadano común cuando
requiere resguardar sus derechos y libertades? A una anomia
generalizada.