Los
ciudadanos han expresado a través de diversas instancias que la nueva
Constitución de la República debe tener algunos lineamientos basales que
definan la esencia de Chile, su vocación e interacciones, como una
forma de garantizar la igualdad ante la ley a todos los ciudadanos sin
ninguna forma de discriminación. La diversidad, la equidad de género, el
medioambiente, la plurinacionalidad son definiciones y visiones a tener
en cuenta en todos los articulados de nuestra nueva carta magna.
Actualmente
la Constitución Política de Chile en su artículo 19 N° 8 asegura a
todas las personas el derecho a vivir en un medioambiente libre de
contaminación y estipula que es deber del Estado velar para que este
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. En
el papel pareciera que esta todo regulado y funciona, pero en la
práctica ha sido letra muerta, con poco impacto real y eficiente sobre
la vida y salud de los ciudadanos. Entonces no basta con incluir una
lista de derechos en la carta magna, hay que generar un concepto, una
visión, en la cual el medioambiente se integre y sea parte de todos los
ámbitos de desarrollo del país.
La
nueva Constitución debe leerse con una mirada medioambiental, es decir
como algo fundamental de nuestra institucionalidad. Debe establecerse
como un patrimonio
común de todos los habitantes del territorio, de esta forma la
obligación de protegerlo y conservarlo para las generaciones actuales y
futuras será de todas las personas naturales y jurídicas y no solo del
Estado. En este sentido, el derecho a la propiedad tiene que estar
restringido a consideraciones ambientales, al bien común, y no como en
la actual carta magna donde tiene más relevancia que otros derechos. La
diversidad biológica y el agua deben ser un patrimonio común de todos
los chilenos; es decir, el uso racional y sostenible de los recursos o
elementos naturales que tiene el país debe estar en beneficio de las
grandes mayorías.
Al
igual que el medioambiente, establecer un Estado plurinacional debe ser
requisito basal para una constitución ambiental, porque ambas visiones
son complementarias. Debemos incorporar la cosmovisión de cada uno de
nuestros pueblos originarios que nos permita implementar un modelo de
desarrollo renovable y sustentable. Las comunidades, en especial los
pueblos originarios, deben tener asegurado instrumentos con decisión
territorial, para mantener un equilibrio con sus ecosistemas y así
salvaguardar su cultura y tradiciones.
Una
nueva Constitución debe permitir una mayor participación de los
ciudadanos en las decisiones que conllevan cargas ambientales. Se
requiere mayor democracia ambiental que garantice mejores procesos de
acceso a la información, mayor participación y, por supuesto, mejor
justicia. Los ciudadanos de Chile requieren mayor protección, con una
adecuada defensa para garantizar sus derechos a un ambiente sano,
eliminando el concepto de zonas de sacrificio o circunstancias
similares.
Los
temas ambientales son hoy importantes y prioritarios en nuestra
sociedad. Así ha quedado de manifiesto en los diálogos y cabildos
ciudadanos. No basta con consagrar derechos si no se cambia el actual
modelo de desarrollo. Como dijo la candidata presidencial del PS Paula
Narváez: “Necesitamos un nuevo pacto social en materia ambiental”.