La
Convención Constituyente tiene nueve meses para presentar un nuevo
texto constitucional, pudiendo ser ampliado otros tres meses, por una
sola vez. A un plazo estrecho debe sumarse que el periodo de instalación
no fue lo más expedito y que las Iniciativas Populares de Norma han
acaparado gran parte del tiempo de las comisiones. El 4 de julio, plazo
fatal para cumplir con evacuar la propuesta, ya no parece tan lejano y
los temores al fracaso del proceso parecen tener fundamento. En este
sentido, son preocupantes las decisiones de los constituyentes, gran
parte de los cuales parece creer que su actuar obedece a un mandato
individual y se dan el gusto de propiciar normas inconducentes, o que
avalan procesos supuestamente participativos, pero que, al no ser
vinculantes, a pesar de ser ampliamente patrocinadas, son rechazadas por
votación de los constituyentes, ya sea por ser contradictoria a otra
norma o porque no son partidarios de ellas.
De
esta forma, pocas Iniciativas Populares de Norma lograron ser
debatidas, algunas de las cuales ya fueron rechazadas en comisiones. Por
otro lado, los convencionales también han propuesto normas y algunas de
ellas ya han sido discutidas y aprobadas. Finalmente, y con ello el
punto, a pesar de la vuelta larga (por el tiempo empleado) deciden
quienes tiene la representación popular. A pesar de las buenas
intenciones la democracia representativa eligió 155 personas para una
tarea que requiere ver la globalidad de los temas, sus aristas, sus
relaciones y sus contradicciones, para ponerse de acuerdo en un texto y
una visión de Estado que represente a la inmensa mayoría. Una tarea
titánica, en tiempos de individualismo y fragmentación.
En
las próximas semanas, que se inician las grandes discusiones
constituyentes, se deberán definir, debatir y contrarrestar visiones de
Estado, que siendo ampliamente compartidas requieren precisiones y
voluntades para que logren ser complementarias. Y ahí quiero detenerme y
profundizar en pocas líneas. A modo de ejemplo, una parte de las
fuerzas políticas y movimientos con representación constituyente
declararon previamente ser partidarios de la mayor autonomía de las
regiones y de un Congreso unicameral, aunque con matices y propuestas
distintas. De esta forma no es extraño que la Convención haya aprobado
un artículo que define que Chile es un Estado regional, plurinacional e
intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un
marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e
integridad del Estado. De igual forma se aprobó en comisión la
iniciativa que planteaba un Congreso unicameral, aunque con menos apoyo,
ya que la iniciativa se impuso apenas por un voto de diferencia.
La
autonomía de las regiones implicaría que tendrán competencia
legislativa en el ámbito territorial, pero en ningún caso podrá atentar
contra el carácter único e indivisible del Estado. Los temas como
presupuesto y división política y administrativa seguirán siendo de
discusión parlamentaria, por tanto su composición es fundamental para
las regiones. Un Congreso unicameral como se ha discutido hasta ahora
pone en riesgo de dejar escasamente representadas las regiones, en
desmedro de Santiago y las grandes urbes. Por tanto, se hace
indispensable la proporcionalidad en el debate constituyente.
La
discusión para alcanzar los 2/3 se destrabará cuando se logren
articular todas las piezas, y junto a la representación de las regiones
se tendrán que revisar el sistema semipresidencial y los quórum
supramayoritarios (entre otras materias relacionadas), hasta alcanzar un
sistema político que represente las aspiraciones de la mayoría en la
Convención. Ver el todo es fundamental.