Una
vez conocidos los resultados de las elecciones en Venezuela, en donde
el Consejo Nacional Electoral (CNE) de dicho país diera como ganador a
Nicolás Maduro por sobre el candidato opositor, Edmundo Gonzáles, el
Presidente Gabriel Boric expresó que el régimen actual debe entender que
los resultados que publican son difíciles de creer.
Además,
enfatizó que la comunidad internacional, sobre todo el pueblo
venezolano, incluyendo a los millones en el exilio, exige total
transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales
no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los
sufragios.
Acto
seguido, como ya es costumbre, el Partido Comunista (PC) de Chile no
concordó con el pensamiento del mandatario, aunque reconocen que la
política exterior la dirige el jefe de Estado. Así, Lautaro Carmona,
presidente del PC aseguró que en Venezuela no hay una dictadura,
argumentando que en ese país existe la “separación de poderes”,
reafirmando las diferencias de pensamiento de la colectividad con La
Moneda. Visto lo cual, comienzan a aparecer las disconformidades dentro
de la coalición de gobierno que ponen en duda la posible continuidad de
la misma.
Como
consecuencia, sectores políticos están pidiendo un ultimátum al edil
del PC, que decida si está alineado con su gobierno o están con Maduro.
Puede que sea extremo la que plantean los parlamentarios de derecha,
pero de alguna manera el Partido Socialista ya ha cuestionado la misma
lealtad al enfatizar que, si están con la dictadura Chavista Maurista no
pueden seguir en la coalición. Pese a ser una presión retórica, ambos
exigen lo mismo, tener una línea política común al resto de la nación.
En
su historia, el Partido Comunista se ha jactado de su lealtad a los
distintos gobiernos en los que ha participado. En su momento fueron
gobierno con los Radicales, en el mandato de González Videla. Por su
actitud obstaculizadora, se acaba promulgando la ley de defensa de la
democracia que los persiguió. Luego les fueron leales a la unidad
popular, como los más conservadores de la coalición a pesar de no
disgustarse por lo que estaba pasando. Estuvieron hasta el final
siguiendo férreamente las decisiones de Salvador Allende.
Ahora
cometen nuevamente el mismo error que hicieron en los años 40, con
Videla. No están alineados a su gobierno, principalmente a la política
exterior del país. No son leales al presidente Gabriel Boric, en virtud
de que él ataca a una dictadura a la cual ellos validan.
Prefieren
mantener su propia agenda y conseguir lo que no se pudo en los años
setenta. Eso es, formar una dictadura del proletariado como la que vive
Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro. Un gobierno del
pueblo, sin importar que se pierdan las libertades y que se dirijan a la
ruina.
Ahí
viene la contradicción del Partido Comunista chileno. Si se dice apoyar
al pueblo, acá hay uno que no tiene alimentos, que está sufriendo, que
está migrando y que el mismo Partido Comunista Venezolano es opositor.
Por el contrario, apoyan a una tiranía, defendiendo unos resultados que
claramente están desvirtuados y que, con su postura, causan problemas
políticos internos al presidente.
La
situación es bien clara para cualquier gobierno de izquierda, de
derecha, populista, fascista, o como quiera llamarse. Si se persiguen
opositores, si se coarta la libertad de expresión, si se persigue a los
disidentes y los encarcelan, falsea y no reconoce los resultados reales
de una elección, es una dictadura.
El
Partido Comunista reacciona como ha sido siempre su política interna
con los amigos y con los adversarios. Carmona manifiesta que no se puede
objetar el triunfo de Nicolás Maduro, más aún, que no se puede
traicionar la voluntad popular. Con esto relativiza la trayectoria
política construida en las últimas décadas y sinceramente nos hace dudar
de su compromiso con la democracia y sobre todo, con los Derechos
Humanos.
Cuál
es el real compromiso y deliberación al respecto. No puede ser que se
defienda sólo cuando el sector de ellos es el involucrado. En estas
materias siempre han defendido legítimamente y en forma correcta de
quienes sufrieron des humanidad, salvo cuando esos lugares sean de su
misma línea política. Allí, cada país tiene derecho a que no exista
intervención en sus decisiones y que se debe respetar los procesos.