Pasado
el tiempo en el cual las pasiones políticas se desataron, algunas
personas creyeron que un país se construye derrumbando lo existente.
Otros pensaron que haciendo política a diario y las veinticuatro horas,
las personas se involucrarían casi personalmente en los asuntos
públicos. No faltaron quienes vieron la oportunidad de erigirse como
nuevos líderes de un nuevo país por construir. Corolario de todo esto es
la idea de terminar con la Constitución vigente, a la que le imputan
los males que afectan al país. La delincuencia e inseguridad, la
inflación, el desempleo son flagelos que nada tienen que ver con las
normas constitucionales. La izquierda piensa que cambiando la
Constitución habrá mejores herramientas para solucionarlos. Como se
podrá entender sin ser experto constitucionalista, es la acción de los
gobiernos la que incide directamente en el término de dichos problemas y
no una nueva Constitución.
Más
aún, la izquierda señala que se debe cambiar la actual Constitución
para combatir la desigualdad social en Chile. Para ellos el modelo
económico existente en el país desde hace más de treinta años es el
causante directo de las desigualdades. Y suponen que tal modelo está
contenido en la Constitución vigente. De a poco el país ha ido
entendiendo que la alta inflación es generadora directa de desigualdades
sociales. Como muestra, los dividendos que se pagan en unidades de
fomento han subido aceleradamente conforme sube la inflación. También el
valor de la compra de mercaderías para comer sube semana a semana.
Estos dos factores, entre otros, han hecho que muchas personas no hayan
podido mantener su estatus económico, rebajando su calidad de vida.
Luego, la desigualdad social que la izquierda usa como pendón de sus
batallas, se ha acrecentado precisamente cuando ahora ellos son Gobierno y todo esto sin cambiar la constitución.
La
izquierda también nos dice que si se escribe en la Constitución que
Chile será un Estado social y democrático de derecho, el Estado de ahí
en adelante tendrá un rol más activo en reducir las brechas sociales, lo
que devendrá en mayor “justicia social”. Sin embargo sabemos que la
actual Constitución permite que el Estado se involucre más en ayudas
sociales e incremente su acción en educación, en saluda, en seguridad
social. Es decir, sin cambiar la Constitución el Estado hoy mantiene un
sistema público de salud donde está incluido aproximadamente el 80% de
la población. En educación, el Estado incide directamente en los planes y
programas de prácticamente todo el sistema educacional. En seguridad
social, el Estado con la Pensión Garantizada Universal creada por el
gobierno de Sebastián Piñera y el pilar solidario creado antes por
Michelle Bachelet son un soporte adecuado en la solución más inmediata
para las bajas pensiones. Incluso con la Carta Fundamental vigente es
posible mejorar la jubilación de los futuros pensionistas, lo que se
logrará sólo si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo. Todos estos
derechos que el país entiende que son de prioritaria solución, no
tendrán arreglo sin un economía vigorosa creadora de empleos y atrayente
para los inversionistas extranjeros.
El
gobierno socialista de Boric tiene la oportunidad de demostrar al país
que sus políticas económicas y sociales son mejores que las habidas
desde fines de los años ’80 hasta ahora. Que su acción gubernamental
terminará con una menor desigualdad social; con más prosperidad; con más
seguridad y con más estabilidad política. Es evidente que hasta ahora
ello no ha sucedido.