Suele
decirse que nuestro país es legalista. Esto significa que tenemos la
tendencia a crear jurisprudencia para ir resolviendo problemas que se
van presentando en la sociedad, como si por el solo hecho de crear leyes
los asuntos a los que estas se refieren se solucionarán de manera
mágica. Evidentemente las leyes son necesarias para el buen
funcionamiento de la sociedad, pero también es cierto que cuando lo que
se legisla tiene que ver con el comportamiento o los hábitos de las
personas, su efecto puede ser acotado.
Es
decidor que tengamos acuñada la frase “hecha la ley, hecha la trampa”,
para referirnos a que, pese a contar con una legislación específica
sobre una materia, esta se vulnera igualmente no transgrediendo la norma,
sino que utilizando un resquicio legal. Es decir, se vulnera la ley,
pero de manera “legal”. Lo anterior implica que muchas veces se da que,
al quedar al descubierto la transgresión de una ley, se hace una nueva
para llenar el vacío detectado. Y así sucesivamente.
La
falta de fiscalización en muchos casos provoca que leyes que ya están
en vigor en la práctica son sistemáticamente vulneradas, hasta el punto
de convertirse en costumbre socialmente aceptada pues no existe, pese a
la ley, una sanción. Por ejemplo, el artículo 202 de la ley 18.290 sobre
cruzar por lugares no indicados (mitad de calle), cuya cuantía está
regulada en el artículo 204 N° 4, que establece una multa que va entre
0,5 UTM ($22.748) y una UTM ($45.497), básicamente no se cumple porque
nadie fiscaliza y por ende no hay sanción legal y es socialmente
aceptada, pese a los accidentes que muchas veces ocurren incluso con
resultado de muerte.
Se
trata de un ejemplo básico, pero creo que sustenta el argumento y me
abre el camino para lo que de verdad me parece preocupante y que podemos
ejemplificar en dos casos. Primero la imposibilidad de renuncia a la
Convención Constitucional de Rodrigo Rojas Vade, luego que se
descubriera el montaje que dejó al descubierto su falso cáncer que le
valió ser electo y obtener ganancias económicas. En este caso finalmente
primó la sensatez, pero ahora se discuten todas las inhabilidades que
podrían impedir que otro u otra constituyente pudiera seguir en el cargo
y las maneras de resolver su suplencia.
¿No
resulta preocupante que se deba establecer un mecanismo de remoción y
reemplazo pensado para casos donde un constituyente simule una
enfermedad? Estamos hablando de las personas encargadas de redactar la
constitución que nos regirá por los próximos treinta o cincuenta años,
de quienes esperamos honorabilidad y ética en la importante función que
están desarrollando.
No quiero decir que quienes están ahí ahora sean sospechosos, muy por
el contrario, sino del daño a la fe pública que causó Rojas Vade, que
ahora obliga a buscar mecanismos de resguardo.
Pero
cuando pensábamos que ya nada podía sorprendernos, nos enteramos de que
el candidato presidencial del Partido por la Gente, Franco Parisi,
tiene una deuda por pensión alimenticia de más de cien millones de
pesos, comprobamos que esto parece no tener final. A raíz de este caso,
la diputada Carolina Marzán (PPD) ya anunció la presentación de un
proyecto de ley que prohibiría a todos quienes tengan deudas por pensión
de alimentos postular a cargos de elección popular. Obviamente es una
buena iniciativa, pero lo preocupante es tener que legislar al respecto.
Chile está viviendo una profunda crisis política y social. Cuando empezamos a crear legislaciones para cubrirnos del actuar de personajes de notoriedad pública que básicamente son unos sinvergüenzas,
creo que nos encontramos ante un problema que no es de legalidad, sino
de ética, y eso no se resuelve creando más leyes, sino formando
ciudadanos decentes que no necesiten una ley para actuar como
corresponde. Más que vacíos legales, lo que tenemos son vacíos morales.