Creemos
que una de las primeras tareas que debe enfrentar el gobernador
regional recientemente asumido, Jorge Flies Añon, es lograr que la
descentralización realmente sea efectiva. En
un país donde el 2% del territorio concentra más del 40% de la
población y el 100% de dos de los tres poderes del Estado, las
prioridades del esfuerzo debieran llegar a la concreción de una real
autonomía regional. La lista de espera, a las demandas de la comunidad,
suele afectar fuertemente a Magallanes, que como zona extrema siempre
sufre de la desprotección de otras regiones del país. Es como si a
propósito nos dejaran para el último, por ser esa perdida región apunto
de caer del mapa. Esto redunda en la poca capacidad de toma de
decisiones que se les otorga a nuestras propias autoridades. En la
mayoría de los casos nuestros delegados presidenciales, seremis y hasta
los delegados presidenciales provinciales tienen que levantar el
teléfono y esperar un visto bueno desde Santiago. Eso nos retrasa
demasiado. Más aún cuando se trata de situaciones como la pandemia por
Coronavirus. Hay que esperar, siempre hay que esperar. Nuestras
autoridades demanden mayor autonomía y competencias para acometer la
labor de atender la diversidad de prioridades que se manifiestan
a diario en una extensa región como lo es Magallanes y Antártica
Chilena. Esa demanda que, en ausencia de coordinación entre autonomía y
traspaso de competencias para ejercerla, se mantiene a la espera de ser
satisfecha. La descentralización orientada al desarrollo de las regiones
requiere actualmente en Chile, un incremento del poder tanto de los
gobiernos regionales como de los actores sociales territoriales. Y es de
esperar que en eso Flies sea inflexible, que no de su brazo a torcer.
En Chile hay una insuficiencia política y democrática en los gobiernos
regionales que
limita la puesta en marcha de una política de desarrollo. Esta
insuficiencia se puede reconocer en el problema de las competencias
limitadas y en el déficit democráticos, tiene una consecuencia de peso
en la incapacidad de los gobiernos regionales para generar procesos de integración social basados en la configuración de una identidad territorial.