Desde hace un tiempo los chilenos vivimos amenazados por el narcotráfico,
y la Región de Magallanes y Antártica Chilena no está exenta de
aquello. Los habitantes de La Araucanía viven atemorizados por la
violencia, los carabineros que han sido objeto de atentados, además de
tantos trabajadores de empresas que han visto afectada su fuente laboral
por los efectos de la violencia, merecen que se haga justicia. Y ahora
también nos damos cuenta de que nuestros camioneros de Magallanes
también sienten temor de transitar por las rutas de la Novena Región. Y
ante estas amenazas no hemos recibido señales claras desde los
diferentes gobiernos y desde diversos sectores políticos, especialmente
por parte de aquellos que tantas veces contextualizan o directamente
justifican las expresiones violentas, o de quienes, para eludir las
propias, generalizan las responsabilidades a la sociedad toda o se
limitan a pronunciar palabras de condena, sin acompañarlas de acciones
legislativas coherentes con la gravedad de los hechos. Hoy pasear por el
centro de Punta Arenas es darse cuenta de cómo el vandalismo se apoderó
de nuestras calles. El orden público que permita a los chilenos vivir
en paz es responsabilidad exclusiva del Estado, principio que fue
reafirmado por los firmantes del Acuerdo por la Nueva Constitución y la
Paz Social del 11 de noviembre de 2019 y uno de cuyos protagonistas es
precisamente hoy el Presidente de la República, Gabriel Boric. Las
políticas públicas para fortalecer las capacidades del Estado para
alcanzar eficazmente este objetivo con el debido resguardo de los
derechos humanos son responsabilidad de la política, del Ejecutivo y del
Congreso. Y en ese sentido, el Estado en su conjunto y la política han
fallado, al punto de que urge enmendar el rumbo. Hay muchos chilenos que
perdieron la paciencia, porque está siendo muy difícil que podamos
volver a poner a Chile de pie. Si no nos ponemos de acuerdo y frenamos esta violencia será muy difícil que tras esta pandemia logremos la reactivación económica.