El
pasado domingo, a través de redes sociales, comenzó a circular una
grabación de una conversación telefónica entre el concejal de Porvenir,
Carlos Soto, y el consejero regional, Antonio Bradasic, en el cual el
primero se refiere a la intendenta Jenniffer Rojas con calificativos
groseros. El hecho es completamente reprochable, no sólo por el lenguaje
violento utilizado en contra de una mujer, sino que además vulnera las
confianzas implícitas en una conversación privada entre actores
políticos, lo cual podría tener además implicancias legales.
El
machismo se expresa a través de una serie de conductas que imponen una
relación de dominación o superposición del género masculino sobre el
femenino, la mayoría de ellas de clara connotación violenta. Los
diálogos del concejal Soto son violentos y no se pueden escudar en una
educación, costumbres o reacciones no meditadas o aceptadas en un mundo
machista. Este tipo de violencia contra las mujeres sin duda es el más
difícil de erradicar porque se entremezcla con culturas y lenguajes
vulgares comúnmente aceptados, y porque además cuentan comúnmente con el
silencio cómplice de nosotros, suyo y mío, del interlocutor, como el
consejero Bradasic. El uso de epítetos vulgares que buscan descalificar,
el chiste soez que transloca valores, el grito que busca imposición, o
la interrupción como forma de menosprecio, son lamentablemente conductas
comunes aceptadas en el día a día del mundo privado de cada uno de
nosotros, que no es objeto de denuncia, ni de reproche, pero que dañan
de igual forma que el maltrato físico a la persona afectada. Si queremos
erradicar la violencia de género debemos comprometernos individualmente
a cambiar, rechazar y denunciar todo tipo de conducta sexista presente
en nuestras distintas formas de expresión y convivencia, tanto públicas
como privadas.
En
otro aspecto, tanto Soto como Bradasic niegan la autoría de la
grabación. Lo concreto es que hay una vulneración a las confianzas y uno
de ellos o un tercero grabó sin autorización un diálogo privado y lo
hizo público. En todo diálogo entre amigos uno espera cierto grado de
confidencialidad, ello aumenta al tener como interlocutor una autoridad
política. Hoy que las confianzas de los actores políticos están en
cuestionamiento, este hecho (y otros) nos obliga a cuestionarnos sobre
qué tipo de personas queremos que nos represente. De esta forma, sin
duda un ciudadano aquejado de problemas evitará de aquí en adelante el
diálogo con el concejal o consejero y con justa razón tendrán dudas en
relación a que su privacidad e intimidad podrían ser difundidas,
cuestionamiento que sin duda debiera trasladarse al momento de votar. De
existir un tercero, probable al haber
un interlocutor con altavoz, estaríamos en la presencia de un delito
por grabar y difundir una conversación ajena, por ello debe ser aclarado
y sancionado, aunque ello no exculpa el comportamiento de los
involucrados.
Ambas
situaciones son reprobables y se requiere sanción para que esas
conductas y prácticas sean erradicadas, pero por sobre todo requiere el
compromiso individual, suyo y mío, de cambiar. Y para cambiar, para ser
mejor persona y respetar nunca es tarde. El nuevo Chile que se requiere
construir exige confianza y respecto, libre de discriminaciones y
violencia. Yo me comprometo a cambiar ¿y usted?