La redacción de una nueva Constitución es una oportunidad de sentarnos a discutir nuestros problemas y, eventualmente, solucionarlos. Si en este camino logramos priorizar la democracia, el diálogo y los acuerdos, aumentan las probabilidades de que el proceso constituyente tenga un efecto sanador. Sin embargo, uno de los mayores riesgos es que suceda justamente lo contrario: que la polarización y la violencia le ganen al diálogo democrático, deteriorando aún más nuestra convivencia.
Aunque parezca trivial recordarlo, una de las ventajas de la democracia es que nos permite resolver nuestras diferencias de forma pacífica, precisamente abandonando la violencia. En las democracias modernas, la acción política consiste en persuadir y convencer a los demás, otorgando razones que sustenten posturas políticas de cara a elecciones periódicas. Por el contrario, la violencia como herramienta política supone que cada cual tiene derecho a imponer por la fuerza su propia visión o sentimiento de justicia, prescindiendo de si este es conveniente o incluso correcto, suprimiendo el diálogo. Obviamente, esto es inaceptable en cualquier comunidad cívica, ya que tornaría a la política en un campo de batalla donde siempre se impone el más fuerte. Es por este motivo que violencia y democracia no son compatibles.
En base a lo anterior, resulta preocupante la dificultad de algunos sectores políticos al momento de condenar la violencia. Hace algunas semanas, una diputada del Frente Amplio disparaba la frase “¿Cómo quieren que no lo quememos todo?” después de los hechos ocurridos en Panguipulli, donde infraestructura que es fundamental para los ciudadanos de dicha ciudad (como el Registro Civil y la Municipalidad) fuera reducida a cenizas. Esta normalización de la violencia también se ve reflejada en el proyecto de ley presentado a fines del año pasado por un grupo de senadores de oposición, a través del cual se pretende indultar a aquellos que cometieron delitos tan graves como incendios, destrucción de propiedad pública y privada, porte de armas, entre otros. Algunos alegan, además, que se trataría de “presos políticos”. Lo que se desprende de este proyecto es que quienes cometieron estos delitos estarían de alguna forma legitimados (por la supuesta “justicia” de su causa) para imponer sus puntos políticos por la fuerza.
Pero quienes apuestan por esta estrategia juegan un juego peligroso. Esperan que la violencia caiga de su lado para poder imponer sus ideas, sin mucha consideración respecto de los efectos que esto puede tener para nuestra convivencia democrática. No está de más recordar que la tesis de los “presos políticos” ha sido descartada, entre otros, por organizaciones internacionales como Human Rights Watch y que el proyecto de indulto ha sido criticado transversalmente por la Defensoría Penal, el Poder Judicial y el Ministerio Público. La razón de esto último es muy simple: aprobar un proyecto como éste implicaría validar la violencia como herramienta política.
En este contexto, la escalada de violencia que hemos visto durante el último tiempo resulta preocupante de cara a la redacción de la Nueva Constitución. De hecho, a esta altura a nadie le resulta difícil imaginar que la Convención Constitucional pueda verse asediada por grupos que, recurriendo a la fuerza, intenten imponer su pensamiento político. Pero no es necesario recurrir a la ficción para entender que este riesgo es real, ya que existe un ejemplo a la vuelta de la esquina. Es el caso del proceso constituyente boliviano que derivó en la Constitución promulgada en 2009. En dicho proceso, los constituyentes fueron frecuentemente agredidos, existieron enfrentamientos que terminaron con muertos y varios heridos y la Convención tuvo que ser trasladada a un recinto militar para poder funcionar.
En consecuencia, cuidar del proceso que va a derivar en la Nueva Constitución resulta fundamental para su éxito. Esta responsabilidad recae no solo en los partidos y los distintos actores políticos, sino que también en aquellos que estamos postulando a la Convención Constitucional. En ese sentido, es deber de los candidatos transparentar a la ciudadanía cuál es su posición respecto a la violencia que hemos visto, y si están de acuerdo o no con los dichos y propuestas impulsadas por algunos de los partidos que los patrocinan, porque, como sucede con todas las cosas que importan, es imposible estar bien con dios y con el diablo.