Muchas
personas votaron para que se redactara otra constitución, porque
supuestamente la actual no habría beneficiado al país al no incorporar
derechos sociales. Quienes están lejos de las ideologías, saben lo que
han progresado en los últimos años y ven ahora cómo su dinero se
disuelve por las políticas públicas impulsadas a sangre y fuego por
quienes hoy están en el Gobierno. Luego, la constitución vigente no ha
sido ni será la causal de la precaria situación en que se encuentran
muchas familias chilenas. Entre
los derechos sociales que incorporaron de manera definitiva en el
proyecto de otra constitución, está el que “toda persona tiene el
derecho a una vivienda digna y adecuada” (sic). Como casi todas las
normas que los convencionales están incorporando, hay mucho de dulce, de
buena intención que si no es porque obedece a una ideología, sería
patológica. O de otra manera, para que la ciudadanía “pique” con esto de
garantizar derechos sociales y aprueben su proyecto completo de
constitución, la izquierda radical que está en la Convención y en el
Gobierno, hacen lo posible para endulzar el proyecto en cuestión.
Necesitan imperiosamente entregarle a la ciudadanía una razón para que
aprueben el proyecto sectario que están redactando. Y una de las
aspiraciones de las familias chilenas es tener una vivienda, por lo que
ahora los convencionales de izquierda juegan inmoralmente con las
esperanzas de las gentes; inmoralidad que los emparenta con lo peor de
la política chilena. Aseguran ahora que el Estado entregará viviendas
“dignas”, sin definir qué se debe entender por digno, pues lo que es
digno para unos, no lo será para otros. El Estado según el proyecto,
también deberá garantizar viviendas adecuadas, surgiendo un problema
adicional, como si no les bastara llenarnos de problemas: qué debe
entenderse como una vivienda adecuada. Así, una familia de seis personas
podría pedir al Estado una vivienda para todos ellos, y otra familia
podrá pedir al Estado una vivienda quizás para tres personas. Y sin
embargo los convencionales en sus pueriles intenciones, no satisfechos
con enredar y complicar todo, obligarán al Estado a “tomar todas las
medidas necesarias para asegurar el goce universal y oportuno de este
derecho” como también dice el proyecto, es decir, todas las personas del
país, lo necesiten o no, podrán exigir al Estado una vivienda adecuada,
porque eso significa precisamente que sea un derecho universal. Para
qué decir del derecho oportuno: quién y cómo se determina cuándo a una
familia o a una persona se le debe entregar oportunamente una vivienda
(en un mes, un año, dos años, etc), nadie lo sabe. Pero no se quedan
ahí, pues para ellos el Estado debe garantizar además “espacio y
equipamiento suficiente” en las casas, entre otras cosas. Luego e
insistimos en el ejemplo, una familia de seis personas demandará al
Estado una vivienda con espacio y equipamiento suficiente para que vivan
cómodamente. Pues
bien, como los mismos convencionales aprobaron que la vida del que está
por nacer puede ser terminada sin causal alguna y en cualquier momento
de su gestación, olvidándose de sus tan cacareados Derechos Humanos, nos
dicen que aprobemos el aborto libre para que el Estado garantice una
vivienda digna, adecuada, con espacio, equipamiento suficiente y con una
ubicación apropiada, entre tantas perlas que nos prometen. Cambian
promesas de viviendas por la vida de quienes están por nacer. Viviendas a
costa de vidas inocentes.