En
la actualidad, algunos parlamentarios están impulsando diversos
proyectos relacionados al área de educación. En esta oportunidad me
referiré a la denominada “Ley Machuca”, que hace alusión a la película
chilena “Machuca”, en la que mostraban un colegio del sector oriente de
Santiago que incorporó a su matrícula a alumnos vulnerables de manera
gratuita. Ahí se veía, entre otras cosas, la reacción de las y los
apoderados y de los estudiantes.
Si
bien, es una representación un tanto exagerada de lo que podría darse
en la realidad, es justamente lo que busca la normativa, la denominada
“inclusión”. Sin embargo, el texto del proyecto va más allá: establece
que “los colegios particulares (pagados y subvencionados) deberán tener
una cuota del 30% de su matrícula para admitir a escolares de los cuatro
primeros deciles de ingreso, con el objetivo de promover la integración
social”. Asimismo, esos escolares “se eximirán totalmente del pago de
los valores que mensualmente se deban efectuar, así como también de las
cuotas de incorporación”, por lo que el costo de admisión correría por cuenta del propio establecimiento.
Ahora bien, la idea podría ser discutible, pero deja entrever las verdaderas intenciones
de algunos sectores políticos y también de muchos constituyentes
electos. No es más que apuntar los dardos hacia los colegios
particulares, toda vez que éstos deberán asumir el costo de esta
imposición (porque eso es). Como si no fueran pocos los establecimientos
que debieron cerrar con la última reforma educacional, y otros tantos
durante la pandemia, sobretodo aquellos pequeños y sin grandes espaldas
financieras. Imagine usted un colegio de no más de 300 estudiantes,
significaría que debiera tener 90 alumnas y alumnos becados (30%), lo
que lo llevaría indudablemente a bajar la cortina, ya que su estructura
financiera no sería sostenible, a menos que aumente el valor del arancel
para compensar los menores ingresos, situación que provocaría una
pérdida de estudiantes. (Nota aparte: ni en tiempos de pandemia la
morosidad de estos colegios ha llegado a tal porcentaje).
Estamos
frente a un verdadero atentado contra el derecho a la educación y a la
libertad de enseñanza, más específicamente a la libertad que tienen los
padres y madres de elegir el colegio que quieren para sus hijos. Los
colegios particulares están abandonados, sin ayuda de ningún tipo, y
esto no es al azar. Nos están pisando en el suelo hasta que dejemos de
existir, y eso es tremendamente perjudicial para la educación en
general, puesto que gracias al sector particular la educación se ha
mantenido en pie en esta pandemia y somos los que de verdad entregamos
un servicio de calidad, entonces, ¿porqué no nivelar hacia arriba la
calidad de los municipales?, ¿Porqué no aprovechar la experiencia,
conocimientos y gestión para ser replicados en el sector público? Parece
que es más fácil destruir que construir. En fin, los diversos actores
de la educación particular debemos remar constantemente contra la
corriente, pero estamos a tiempo de instalar en el debate los beneficios
que ha tenido y tiene para el país su existencia, o más bien la
coexistencia con la educación pública. ¿y ahora quién
podrá defendernos?, ni siquiera nuestro “héroe” de infancia, el
Chapulín Colorado. Estamos abandonados a nuestra suerte, pero nos hemos
ganado el derecho a ser tomados en cuenta, eso espero.