Primero explicaré lo que significa el TPP11. Esta sigla corresponde al Trans-Pacific Partnerchip, que se define ahora como “Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico”. ¿Por qué termina en 11? Porque hoy son 11 países los que firmaron el tratado. Por poco no fue el TPP12, pero la primera economía mundial, Estados Unidos, rechazó la firma del tratado, señalando que el acuerdo comercial era “un potencial desastre” para Estados Unidos y que buscará negociar acuerdos bilaterales “justos”.
Para reconocer los hechos, este acuerdo fue firmado el día jueves 8 de marzo del 2018, por la ex Presidenta Michelle Bachelet, en los últimos días de su gobierno. Luego de reconocidos los hechos, y la raíz del problema, mi deber es explicar porqué este tratado termina por “demoler al Pueblo chileno”. Lo primero es que este tratado viene con “letra chica”, de esa que le gusta a este Gobierno, que dicho sea de paso, se siente a gusto con los términos propuestos. Lo segundo es que pone en riesgo los conceptos de seguridad social, derechos humanos y la autonomía del Estado chileno.
En primer lugar, el tratado restringe severamente la definición de los derechos laborales y abre la puerta para que en el futuro se eliminen derechos laborales fundamentales reconocidos por la actual legislación chilena. Con definiciones como “Cada Parte adoptará y mantendrá leyes y regulaciones, y prácticas que deriven de éstas, que regulen condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo, y seguridad y salud en el trabajo”. Entonces ¿quién define que es “aceptable”? ¿Qué pasa con el derecho a huelga, a un contrato, a indemnización, a descanso y vacaciones pagadas, a jubilación, a un sistema de seguro de salud, a permiso pre y post natal, a no ser despedida por embarazo, a amamantar, a protección contra el acoso laboral? Pero la situación es en realidad mucho peor. De acuerdo al capítulo 27 del tratado, éste deberá ser renegociado en forma periódica con el fin explícito de aumentar las garantías al capital extranjero. De aquí deriva que, mediante las renegociaciones periódicas, Chile podrá ser presionado, para que elimine todos los derechos laborales actualmente reconocidos en su legislación.
En segundo lugar, consolidará el mercado monopólico de las farmacéuticas, eternizando altos precios para los medicamentos, porque Chile no podrá otorgar registros sanitarios a medicamentos genéricos si existe un litigio vigente sobre patentes relacionadas con ese medicamento.
Si queremos como país avanzar en las grandes reformas que la élite política no ha querido implementar aún, para aumentar la seguridad social, será imposible, porque desde la perspectiva del tratado, se considerarán reformas expropiatorias. Este tratado no reconoce el rango constitucional que Chile otorga a los tratados de derechos humanos. Todos estos compromisos pueden ser cuestionados y Chile puede ser demandado si persiste en respetarlos. Ni pensar en nacionalizar el agua dulce o el litio. El Tratado limita la capacidad del país de crear y/o fortalecer empresas estatales. Si queríamos una ENAP transformándose en una Empresa Nacional de Energías (ENER), ya podemos despedirnos de ese sueño.
Y con toda esta información, ¿aún ese gobierno le pone discusión inmediata al proyecto?