Durante la semana conocimos el fallo del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, el cual anuló la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Tronaduras de Mina Invierno. En opinión del tribunal, durante el proceso de tramitación ambiental del proyecto Tronaduras se omitió información esencial para la correcta evaluación del mismo. De este modo, la paralización de las actividades en la mina se realizaría en noviembre según lo programado. Ante el inminente cierre de Mina Invierno (MI), cabe preocuparse y ocuparse de las consecuencias económico sociales, y con especial cuidado, sobre la pérdida de empleo de trabajadores directos e indirectos de la mina. Por mencionar algunos efectos, anticipamos la pérdida cercana de mil empleos y una caída en el gasto de MI en Punta Arenas de miles de millones de pesos ($8.500 millones fue su gasto en el año 2018), lo que impactará negativamente a las pymes proveedoras y sus empleados. Así, el menor circulante en la economía local debiera reflejarse en una caída de las ventas del comercio si no es contrastado por compras de extranjeros durante la temporada estival. Sin duda, también se detona un drama social, en el sentido que familias habituadas a un buen ingreso, deberán ajustar el presupuesto familiar. En lo casos más difíciles, y de no encontrarse empleo dentro de un horizonte de tiempo razonable, las familias enfrentaran la migración de uno o más de sus miembros hacia mercados más dinámicos fuera de la región. En contra posición, la isla Riesco irá reacomodándose a su estado pre MI, donde la flora y fauna irán recuperando espacios perdidos. Asimismo, algunas estancias como Anita Beatriz debiesen recobrar la tranquilidad de sus campos afectados por el desplazamiento de animales como los zorros que a mayor número en esos campos, merman el ganado ovino. Pero, ¿Cómo enfrentaremos esta crisis? Magallanes Piensa que la solicitud de la senadora Carolina Goic al ministro Monckeberg para que el gobierno gestione la reconversión de los trabajadores es, por decirlo de alguna manera, poco eficaz. Primero, la adopción de nuevas habilidades y competencias por parte de un trabajador, no es inmediata. Segundo, ¿Cuáles son las habilidades y competencias demandadas por las empresas magallánicas? Tercero, ¿Cuáles y cuántos son los puestos de trabajo ofrecidos por las empresas regionales?. Finalmente, ¿Quiénes son los responsables políticos de esta crisis? Por supuesto, paga Moya. En un clima de incertidumbre económica y mayor riesgo para la inversión privada en la región, instamos al Gobierno Regional dar certezas al sector privado. Por un lado, los industriales de Tierra del Fuego requieren que se solucionen las trabas burocráticas heredadas de la administración anterior y que han impedido el normal pago de la bonificación de la Ley Navarino, lo que no solo frena proyectos de inversión en la provincia, sino que incluso se ha puesto en riesgo el trabajo estable de los porvenireños. Solucionar aquello puede crear una alternativa para absorber, parcialmente, a los desempleados de MI. También, si bien Nova Austral debe ser investigada y sancionada con rapidez si lo amerita, la empresa no puede cerrar. Asimismo, imperioso es acelerar proyectos de inversión en infraestructura pública, activar la mesa de trabajo del “Salmón Magallánico”; y si el objetivo del Gobierno es potenciar nuestras áreas naturales protegidas incluída isla Riesco, entonces los magallánicos no pueden quedar ajenos a la discusión sobre el “Fondo de la Ruta de los Parques” basado en el modelo PFP. Recordemos que gracias al desarrollo económico y creación de empleo es posible hacer frente a los problemas medioambientales y sociales, porque los magallánicos son parte de la naturaleza y no estamos ni fuera ni en contra de ella.