El
fin de semana, junto a la renovación del Carnaval de Invierno, la
ciudad de Punta Arenas fue sorprendida con un grave hecho delictual: a
mano armada se llevó a efecto un asalto a la Casa de Cambios Scott,
ubicada en pleno centro de la ciudad, en la esquina de Colón con
Magallanes, hecho que no es de común ocurrencia en la región, pero como
vemos ya sucedió a plena luz del día, a las 16.00 horas aproximadamente,
obteniendo el o los delincuentes un suculento botín de cerca de
$15.000.000.
La
violencia delictual ya está llegando a la Región de Magallanes, y
cuidado, que a poco andar puede suceder lo mismo en domicilios
particulares, como ya sucede con frecuencia en la Región Metropolitana y
en otros lugares del país; espero que la gente de Magallanes no se vea
agredida por la delincuencia en sus hogares, pero si sucede, espero
también que los magallánicos puedan hacer frente a ese tipo de
agresiones de manera competente y con posibilidades de éxito; y la única
forma de defenderse de un delincuente armado es con un arma de fuego,
por eso llama la atención que tanto el Gobierno así como también un
grupo de parlamentarios afines a él, a pesar de todo, sigan insistiendo,
incluso con mentiras, con argumentos que no son ciertos e invocando
cifras que no se ajustan a la realidad, en tratar de desarmar a las
personas respetuosas de la ley, situación que por cierto dejaría el
monopolio del uso de las armas civiles a la delincuencia. Las policías
serán en ese evento absolutamente incapaces de defender a la población,
ya que por una parte no pueden estar en todos lados y, por otra, como es
y ha sido siempre su actuación se verifica después de ocurridos los
hechos, razón por la que las policías no constituyen suficiente
disuasión para evitar el delito, es decir, para evitar que los
ciudadanos y sus familias se vean expuestos a sufrir por parte de la
delincuencia un mal irreparable y grave.
Lo
único que puede disuadir a los delincuentes en su misión de atacar a
los ciudadanos, es verse expuestos a una respuesta competente, intensa y
fuerte por parte de la posible víctima, siendo la única forma para ello
que las personas puedan adquirir y usar en legítima defensa sus armas
debidamente inscritas y la munición suficiente para su acertado
funcionamiento.
Jeff
Cooper, creador del Tiro Práctico (modalidad IPSC), decía: “Si el
crimen violento debe ser frenado, es solo la víctima elegida quien puede
hacerlo. El delincuente no teme a la policía, ni tampoco al juez ni al
jurado, por lo tanto a quien debe aprender a temer es a la víctima”.
Obviamente eso no se logra desarmando a la población civil, ya que ello
solo dejaría el camino libre a los delincuentes, quienes al percibir una
debilidad que los beneficia, aumentan el número de delitos y la
violencia de sus ilícitos, ¿Qué buscan el Gobierno y sus parlamentarios
afines? ¿Acaso el perjuicio de los ciudadanos honestos?
La
mayoría de la gente del país se parte el lomo trabajando para tener sus
cosas, para adquirir sus vehículos, los enseres de su casa y los
dineros de su ahorro, y tienen todo el derecho para protegerlos, pero en
un incidente frente a la delincuencia que además suele actuar bajo
efectos de estupefacientes, no son solo las cosas las que se ven
expuestas, también los es la familia y cada persona en sí misma, y la
única disuasión posible contra la delincuencia armada es que las
personas puedan defenderse a sí mismas, a su familia y sus cosas de
manera competente con los medios que les permitan hacer frente a una
agresión ilegítima.
Si el derecho a la vida es un derecho
fundamental, también lo es el derecho a defender la propia vida y la de
nuestras familias; y, en consecuencia, poder adquirir y usar los
instrumentos necesarios para poder hacerlo de manera eficiente y eficaz.
Resulta
inaudito que con el aumento de la delincuencia, la exportación de
nuevos delitos, el grave aumento de la delincuencia y que siendo la
seguridad uno de los grandes problemas existentes hoy en Chile, tanto el
Gobierno como parlamentarios afines a él sigan insistiendo en atacar a
las personas respetuosas de la ley promoviendo su indefensión al
intentar desarmarlas, lo que favorece a la delincuencia.
No al desarme de las personas respetuosas de la ley.