Sin
calculadora en mano, la preferencia por el voto obligatorio o
voluntario debe responder más a razones de principios que a una pura
conveniencia electoral momentánea. Yo, personalmente, creo en la
democracia y en el voto voluntario principalmente por dos razones.
Primeramente,
porque las sanciones y penas deben ser excepcionales y sólo pueden
justificarse en casos de cierta gravedad y el no votar (por
desincentivo, aburrimiento o convicción) no debe, en una democracia
ideal, traducirse en una sanción. Lo contrario sería entender que el
autoritarismo sancionatorio es compatible con el ideal democrático,
cuestión con la que no estoy de acuerdo. Además, como enseña la
experiencia, las sanciones, y especialmente las multas, dañan mucho más a
quienes menos tienen.
Por
otra parte, la justa crisis institucional que vivimos y la pésima
evaluación de muchas instituciones hacen más lícito que nunca abrazar
idearios anarquistas o de apatía apolítica, y una justa voluntad de no
querer otorgar legitimidad a un sistema que más que representar a las
personas busca ser funcional a grupos económicos poderosos y a la
mantención del status quo.
Lo
que está detrás de esta discusión es la pregunta de si el estado tiene
la facultad, poder o autoridad moral para obligar a ciudadanas y
ciudadanos a realizar esta carga, que puede ir contra su propia
voluntad. Normalmente la defensa del voto obligatorio se sustenta en
justificaciones utilitarias muy discutibles. Por otro lado, no
participar en una elección también es una manifestación de preferencia,
una muestra de desinterés y de castigo que igualmente es absolutamente
lícito.
Estudios
realizados en el King’s College of London han concluido que el voto
obligatorio no mejora el conocimiento de los votantes ni genera un
aumento de interés político. Es decir, la obligatoriedad del sufragio y
la multa para quien no vote no supone per se una decisión más informada.
Lo
que se requiere es crear espacios informativos, mejorar en la difusión
de conocimientos y fomentar la educación cívica. Además, la creación de
mecanismos de democracia deliberativa, el incentivo para que la gente
pueda unirse, promover ideas y discutir sobre ellas son cosas que pueden
mejorar la participación sin la amenaza punitiva del estado.
Una
reciente indagación realizada por Ciperchile evidencia que residentes
de comunas populares votaron, en el pasado plebiscito, en gran medida
basados en fake news sin entender el real significado de su voto. Si
bien no se trata de una medición estadística, los testimonios del
estudio citado dan cuenta de un problema grave que dice relación con la
ignorancia y los efectos de las fake news. Por lo mismo, si queremos
votantes informados, la tarea debe ser la de educar e informar y no la
de sancionar a quien no vota.
El
voto obligatorio, cuál derecho-deber, facilita la tarea de candidatos y
partidos políticos que no tendrán que convencer a un elevado número de
votantes para ver legitimadas sus propuestas y programas. Asimismo,
grandes números de participación pueden otorgar una falsa imagen de
credibilidad a un sistema político en evidente crisis y a políticos de
ética cuestionable.
En
conclusión, es fundamental una mayor labor informativa, tendiente tanto
a explicar el efecto del voto como a desmentir falsas noticias y no a
la amenaza sancionatoria para quien decida no votar, porque poco
mejoramos con muchos votos si mantenemos a las y los votantes
interesadamente desinformados, en especial en momentos en los cuales
Chile transita por un proceso constituyente.