Tras
una investigación desarrollada por el fiscal Oliver Rammsy, se decidió
formalizar a 11 votantes que tenían un domicilio diferente y que para
sufragar modificaron su dirección.
En
la audiencia, se les indicó a 10 de los 11 imputados que llegaron (una
de ellas se encontraba en Chiloé) que se iniciaba una investigación en
su contra por los hechos que ocurrieron el año 2016, previo a las
elecciones de alcaldes y concejales de Rio Verde.
Estas personas
cambiaron su domicilio a esa comuna sin reunir los requisitos para
vincularlos, como trabajo o vínculo de índole familiar.
Con
estos antecedentes, a diez personas que tienen domicilio en Punta
Arenas y Porvenir, se les formalizó por el delito de proporcionar datos
falsos al declarar domicilio electoral en votación popular.
En
relación a estos hechos, el abogado defensor de diez de nueve que
llegaron a audiencia, Rodrigo Castro, señaló que “esto recién está
comenzando y nosotros vamos a acreditar que mis representados tienen
vínculos de trabajo con empresas pesqueras o Mina Invierno”.
El
fiscal del caso, Oliver Rammsy, señaló que “el objetivo es sancionar a
gente que infringe la normativa. Había un listado mucho mayor, pero se
redujo a personas que no tienen manera de acreditar las causa que
figuran con dos domicilios”.
El
abogado querellante, Mario Elgueta, indicó que “se cumple un hito
importante para la comuna de Río Verde, porque se viene a confirmar lo
que sostenemos desde hace dos años que estas personas no tiene vinculo
objetivo con la comuna y no debieran estar inscritas y alterar el
proceso electoral, dañando el funcionamiento del sistema democrático,
alternado la soberanía popular de esas comunas pequeñas, donde se ven
padrones abultados donde hay menos habitantes”.
El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 90 días.