En
el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, fue formalizado por cultivo de
especies vegetales tipo Cannabis Sativa sin contar con el respectivo
permiso, como también por el delito de microtráfico de drogas.
La
audiencia se realizó de forma telemática, y fue la tercera vez en que
se intentaba llevar a cabo este proceso, ya que el hombre no asistió en
dos oportunidades anteriores.
El
fiscal Ricardo Torres, inició el relato de los hechos por los cuales el
imputado está siendo investigado, precisando que el Ministerio Público
obtuvo información de que el sujeto se dedicaría al cultivo ilegal de
plantas del género de Cannabis Sativa, como también al tráfico de drogas
en la comuna de Punta Arenas.
El
persecutor precisó que el 13 de abril de 2022, personal de la Brigada
Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas,
concurren al domicilio del imputado, ubicado en calle Los Colonizadores.
Mediante previa autorización del sujeto, el personal policial ingresa
al inmueble e inicia la inspección, encontrando en un dormitorio, un
sistema indoor completamente equipado, en cuyo interior habían ocho
plantas de Cannabis Sativa en proceso de crecimiento, de igual forma
mantenía esta misma sustancia, pero en proceso de secado. Así mismo, en
la habitación del imputado se encontraron dos balanzas digitales y un
teléfono celular.
Al
sujeto se le imputaron los delitos de cultivo de especies vegetales
tipo Cannabis Sativa sin contar con el respectivo permiso y microtráfico
de drogas, este último respaldado por una declaración hecha por el
imputado, en donde admite que comercializaba pequeñas cantidades de
marihuana a su conocidos cercanos.
La
defensa solicitó que no se impongan medidas cautelares, alegando que el
imputado prestó declaración voluntaria y se presentó a la audiencia.
Por su parte, el Ministerio Público insistió en dictar ciertos
resguardos, recordando que el sujeto tiene un antecedente antiguo por
posesión de sustancia estupefaciente o psicotrópica en recinto militar,
por el cual fue condenado.
Habiendo
escuchado a las partes, la magistrada acogió la solicitud del fiscal y
decretó el arraigo regional para el imputado, mientras dura la
tramitación del proceso. Con ello, se acordó como plazo para el cierre
de la investigación en 60 días.