Por ser funcionario del Ejército, un cabo 1° deberá cumplir su privación de libertad en el Regimiento Pudeto, esto luego de haber sido formalizado ayer por un delito de violación en contra de su hijastra, una niña de 10 años.
La audiencia de control de detención y formalización de la investigación se realizó ayer en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, luego que la noche del jueves se decretó una orden de detención por la denuncia de un delito sexual. Entre los antecedentes que se ventilaron se indicó que los hechos por los que es investigado el imputado de iniciales V.H.C.V., de 33 años, comenzaron a gestarse desde el año 2014 hasta mediados del mes de marzo de 2017, en fechas indeterminadas, reiteradas y con una frecuencia de al menos una vez al mes, en circunstancias que la menor víctima, de actuales 13 años, cada vez que quedaba a solas con su padrastro en su domicilio, durante las tardes y tras regresar de clases, éste propiciaba acercamientos de connotación sexual, llevándola al dormitorio donde le realizaba diversas tocaciones en todo su cuerpo, para luego violarla. En el último acto sexual, hace dos semanas, donde la accedió carnalmente. Cada vez que concluían estos actos, amenazaba a la niña con agredirla si contaba lo sucedido, situación que la intimidó producto que la menor vio actos de violencia del imputado contra su madre.
Entre los argumentos entregados en la audiencia por el fiscal Oliver Rammsy, se indicó que el peritaje sexológico a la niña concluyó que existen lesiones producto del ataque sexual, por lo que al militar se le formalizó por el delito de violación impropia en carácter reiterado, en calidad de autor, con la agravante de mantener una relación de convivencia en el mismo techo.
Ante esto, el fiscal Rammsy pidió la prisión preventiva, por cuanto se trata de un delito grave. La solicitud fue acogida por el juez Pablo Miño, tal como señaló el fiscal Rammsy: “La víctima, la niña de 13 años, devela esto a una profesora de su colegio y ella con su obligación legal pone en conocimiento a Carabineros, quienes me avisan de esto en horas de la tarde. Dispuse que la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI realice las diligencias, concurriendo la niña con su madre a la unidad policial y en ese lugar la menor adopta una postura retractándose, diciendo que era falso, lo que es apoyado por su madre. En horas de la noche el imputado concurre a la unidad policial y reconoce un abuso sexual, sin embargo, la niña reconoce ante la fiscal Wendoline Acuña los hechos, lo que fue sostenido con una pericia del Servicio Médico Legal que da cuenta de la existencia de una lesión compatible con la violación. La niña desde hace un tiempo mantenía conductas de cambio, según señala su profesora. Acá el vínculo es grave, porque es el padrastro y la pena puede llegar hasta los diez años y un días de presidio”.
El fiscal agregó que la develación de la menor la realizó a su profesora, narrando lo acontecido, lo que posteriormente hizo a la Fiscalía y a su madre, quien en primera instancia no le creyó, por lo que los antecedentes además fueron entregados al Tribunal de Familia.
Se indicó, además, que el imputado admitió los hechos, a pesar que su abogado defensor Guillermo Ibacache se opuso señalando que existen precisiones, como la declaración de la niña que narró un hecho que no ha sido periciado, solicitando que esto se haga a través de una grabación, por existir dos versiones, la de la víctima y la del imputado, que dice que se trataría de un delito de abuso sexual y no de violación. “Mi representado no reconoció los hechos en relación a una violación impropia si no al de un abuso sexual. La diferencia es grande en relación a las opciones de una probable pena. Aquí hay dos versiones, la de la víctima y el denunciado; la diferencia por violación no es corroborada por el imputado, como sí lo hace por un delito de abuso sexual”.
El imputado fue enviado a cumplir prisión preventiva, sin embargo, no la cumplirá en la cárcel de Punta Arenas sino en el Regimiento Pudeto, por pertenecer al Ejército donde se desempeñaba como cabo 1°, fijándose un plazo para el cierre de la investigación de 90 días.
Por su parte, el juez Pablo Miño ofició al Tribunal de Familia para que conozca del caso, para resguardar el bienestar de la menor, principalmente porque la madre de la niña en principio no le creyó su versión.