Sanciones administrativas
sufrieron funcionarios del hospital de Porvenir tras las indagatorias que se
realizaron tras la muerte de la joven madre Roxana Ruiz Rojo el año 2015.
El procedimiento administrativo
arrojó sanciones y responsabilidades en la directora del hospital de Porvenir,
Esmeralda Ruiz Ojeda, y un químico farmacéutico. Según el abogado Juan José
Arcos, “ahora con estas sanciones estamos a la espera del pronunciamiento del
Ministerio Público, porque las sanciones guardan relaciones con la falta de un
fármaco obligatorio que tenía que haber tenido el hospital de Porvenir al
momento que se realizó la operación por cesárea a Roxana Ruiz. Este fármaco
tiene la característica que es coagulante y precisamente el docto, durante la
operación, cuando se agravó la situación pidió el coagulante, y el arsenalero
constató que ese fármaco no se encontraba el stock, lo que pudo haber evitado
la muerte de Roxana Ruiz Rojo; no olvidemos que la causa de muerte es por
anemia. En esa situación es que nosotros entendemos que la Fiscalía tiene que
sopesar esta negligencia abierta y manifiesta que causó una muerte. Acá las
muertes en Porvenir se están arrastrando sin que el Ministerio Público resuelva
nada, aquí la propia autoridad de Salud arrojó responsables y sanciones, acto
negligente que provocó la muerte de una persona”.
Los hechos ocurrieron alrededor
de las 23.30 horas del 9 de agosto del año 2015, cuando la víctima, Roxana Ruiz
Rojo, presentaba 37 semanas de gestación. Debido a la falta de un profesional
ginecólogo en Porvenir, viajaba a controlarse a Punta Arenas. Sin embargo, se
señala que el 7 de agosto la mujer concurrió al Hospital Marcos Chamorro
Iglesias de Puerto Porvenir aquejada de contracciones en la zona abdominal,
siendo atendida por un enfermero, quien indicó que era conveniente que se
traslade a la capital regional por no tener los medios para una cesárea.
El abogado querellante, en este
caso, espera que prontamente la Fiscalía entregue su decisión en la
investigación, porque según los antecedentes de la querella que se presentó en
septiembre de 2015, señala que “ocurre que en esas condiciones se procede a una
serie de actos administrativos. En este caso, cuando la joven se presenta al
hospital presenta un desprendimiento de placenta, y en esas condiciones el
equipo médico no pudo realizar las coordinaciones para su traslado a Punta
Arenas. No obstante, tampoco hubo un protocolo para llevar médicos a Porvenir
en rondas de emergencia, por lo que debió ser atendida por personal no
especializado que provocó su muerte. Lo curioso es que para el Ministerio
Público nunca hay delito, pero para la justicia civil existen cientos de
condenas por estas negligencias médicas”.
El abogado señaló que el sumario
sanitario se sancionó con una multa de un 20% del sueldo de la directora y al
químico farmacéutico, por no mantener el coagulante que estaba agotado y no se
solicitó su reposición en la farmacia.