Ayer la Corte de Apelaciones
resolvió exigir a la Sociedad Rentas Inmobiliarias (SRI), concesionaria de la
Zona Franca de Punta Arenas, la entregara todos los antecedentes que acrediten
la modalidad de cobro de los gastos comunes, como así también los respaldos y
planos de los metros cuadrados de los sitios.
Según Marcelo Muñoz, Presidente
de la Cámara Franca, esta resolución persigue esclarecer “cómo ha cobrado (SRI)
los gastos comunes durante los últimos cinco años”.
El gremio presentó anteriormente
una querella criminal por fraude en contra de SRI por el cobro de los gastos comunes
y posteriormente una demanda civil asociada al mismo delito.
La Corte fijó el 21 de enero como
plazo para la entrega de la documentación.
Muñoz dijo que de acuerdo a los
cálculos del gremio, SRI ha defraudado a los usuarios en $800 millones. “Queremos
lograr que Rentas Inmobiliarias nos devuelva los gastos comunes mal cobrados
durante los últimos cincos años, a los cuales tenemos derecho”, explicó.
Según la versión del gremio,
existen facturas que Rentas Inmobiliarias cargó a gastos comunes sin que
correspondiera imputárseles a los costos que deban asumir los usuarios, por lo
que existe una solicitud para que la Fiscalía incaute los originales.
“En el fondo falseó gastos que
nos cobró a nosotros a los usuarios”, resumió Muñoz.
El abogado de la Cámara Franca,
Max Müller, explicó que lo que hizo SRI fue cargar a gastos comunes (que pagan
todos los usuarios) costos que tendría que haber asumido la propia empresa.
“Con los antecedentes que
recopilemos vamos a continuar con un trabajo de investigación. El gremio de la
Zona Franca, acompañado por el equipo de profesionales que ellos han elegido,
lo que lleva haciendo es una auditoría general de todo el contrato de la Zona
Franca. Esperamos que el Administrador termine con la actitud dilatoria y poco colaboradora
que ha tenido en todas las situaciones judiciales en las cuales ella se ve
inmersa”, exigió el profesional.