Recordemos
que el caso ha causado gran conmoción en la comunidad de Punta Arenas,
debido a las circunstancias de su desaparición y de la vinculación del
caso con el ex sacerdote Rimsky Rojas.
La
comisión investigadora fue solicitada por 73 parlamentarios y deberá
recabar los antecedentes respecto al rol cumplido por el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia, Carabineros y
la Policía de Investigaciones de Chile.
A
partir de este trámite, se deberá rendir un informe en un plazo no
superior a los 90 días. Según los parlamentarios solicitantes, en estos
casi 17 años de investigación policial, los antecedentes apuntan a
eventuales negligencias en el actuar de las fuerzas policiales.
“Sería
posible, a lo menos, evidenciar una serie de acciones que se
manifiestan en omisiones de protocolo, errores y contradicciones lógicas
en las diversas diligencias investigativas”, señalan.
Los
parlamentarios también plantean que hubo diversas presiones para la
“ocultación de datos que serían claves para dar con la verdad de los
hechos”.
En
este ámbito, apuntan directamente a la Iglesia Católica, ya que la
última vez en que se vio con vida al joven, este estuvo con un sacerdote
a quien se le señala como cercano y que había sido trasladado desde
Valdivia a Punta Arenas, como forma de castigo por investigaciones de la
que era objeto y que se relacionaban con abuso a menores de edad.
@PabloFortin