En una audiencia que duró una
hora, la Fiscalía le comunicó a cinco de seis imputados del bullado caso Rayén
que se reformalizaban cargos por otros delitos, mientras que al ex intendente
Arturo Storaker se le comunicó por primera vez que era investigado.
A las 9.10 horas comenzó la
audiencia en la sala 1 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde el fiscal
a cargo del caso, Felipe Aguirre, le señaló a los imputados presentes: Arturo
Storaker Molina, Luis Sáez Martínez. Javier Gómez Letelier, Javier Gajardo
Castro y Hugo Reyes Tureuna, que la Fiscalía los investiga por los hechos que
ocurrieron luego del desborde del Río Las Minas, ocurrido el 12 de marzo de
2012. En esa ocasión se declaró zona de catástrofe, por lo que demandó al
Estado ejercer sus facultades para enfrentar la emergencia, donde se vieron
afectados más de 800 familias. Con el objetivo de ir en ayuda de las personas
damnificadas, se formó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), el cual
estuvo presidido por el intendente de la época Arturo Storaker Molina y en el
cual tomaron parte diversas autoridades de distintos organismos públicos,
emitiéndose por cada reunión que sostenían un informe de emergencia, el cual
contenía un resumen de la situación que afectaba a la ciudad y los cursos a
seguir.
En ese contexto señalan los
antecedentes entregados en la formalización es que Storaker intervino en razón
de su cargo, defraudó y consintió en que se defraudara al Fisco por el imputado
Luis Sáez Martínez, quien era el jefe de la División de Análisis y Control del
Gobierno Regional de Magallanes, a quien se le encomendó por el propio
intendente de la época, la función de coordinar con la Onemi y el MOP todas las
labores relacionadas con la emergencia.
Fue así -señalan los
antecedentes- que Sáez Martínez, en razón de su cargo, defraudó con el
consentimiento de Storaker al Fisco, participando en reuniones, donde también
asistió el imputado Javier Gómez Letelier, quien cumplía funciones
administrativas en la seremía de Justicia, relacionadas con proyectos de
inversión, por lo que también se le encomendaron labores asociadas a la
limpieza, reunión en la que estuvo presente el representante de la empresa
Rayen SPA, Javier Gajardo Castro.
En esa ocasión, los imputados
decidieron, facultados por el ex intendente, que la empresa antes mencionada
quede a cargo de los trabajos de limpieza. A esa fecha dicha empresa carecía de
maquinaria, presentaba una pérdida de arrastre y su giro de trabajo era la
venta de servicios automotrices. A pesar de esto, los funcionarios públicos
involucrados, haciendo uso de su cargo, contrataron sus servicios, se señaló.
Así, las labores de limpieza
fueron desarrolladas en tres etapas y en cada una de ellas se logró establecer
la participación de la Empresa Rayén SPA, en que su dueña, la imputada Patricia
Leiva Narváez, y su representante legal, el imputado Gajardo Castro, engañaron
con la anuencia de los imputados Storaker Molina, Sáez Martínez y Gómez
Letelier, ya señalados, defraudando y permitiendo que se defraudara al Fisco
cobrando la suma de $ 329.195.055 a la Onemi, la cual a su vez cobró a la
Intendencia Regional, documento firmado por el imputado Arturo Storaker Molina,
quien tenía a su cargo dichos caudales públicos y que luego fue depositado y
pese a existir prohibición notificada legalmente, y estando en conocimiento de
la medida judicial precautoria que le ordenaba retener fondos en favor de
terceros, procedió a hacer el pago de esta factura.
Segunda etapa
Desde el 27 al 31 de marzo del
mismo año, para recuperar la conectividad en la ciudad se procedió, por parte
de la Onemi y Obras Públicas, a invitar a empresas de construcción para hacerse
cargo de los trabajos. Se hicieron presentes tres, de las cuales Rayén SPA
ofertó 240 millones de pesos, suma mayor a la de las otras dos. Así fue que se
adjudicó los trabajos por 140 millones de pesos.
En una tercera etapa se firmó,
entre Storaker Molina y Gajardo Castro, en representación de Rayén SPA, un
nuevo convenio por el plazo de 90 días con el mismo objetivo anterior, esto de
“ejecutar las obras de emergencia desborde del Río Las Minas 2012” y realizar
las tareas consistentes en la limpieza de diversas zonas de la ciudad de Punta
Arenas que se describen en el “mapa esquemático de inundación del centro de la
ciudad”, convenio que realizó Storaker Molina, a través de las gestiones
personales que efectuó Sáez Martínez, quien sin esperar la recepción de los
trabajos del primer convenio, solicitó al jefe de la Onemi, la suscripción de
este nuevo convenio cuyo valor definitivo fue de $ 404.600.000.
Cohecho y soborno
En la audiencia, el fiscal Aguirre dio a
conocer nuevos delitos los cuales se suman a los ya ventilados anteriormente.
En ellos se refiere a que Luis Sáez Martínez, a solicitud de Arturo Storaker
Molina, procedió a depositar a la cuenta de la Sociedad Servicios Marítimos
Glaciar y Fjord Expedition Limitada, la cual Storaker Molina era socio y
administrador, la suma de $ 21.776.000, de los cuales $ 21.000.000,
corresponden a dineros que Storaker aceptó para esta empresa y en su beneficio,
de parte de los Javier Gajardo Castro y Patricia Leiva Narváez, representante
legal y dueña de la sociedad Rayén SPA, quienes a su vez ofrecieron dar tal
beneficio económico, ello debido a la difícil situación económica en que la
señalada empresa se encontraba en ese momento.
Para solventar el pago de este
incremento económico, el imputado
Gajardo Castro recurrió a Sergio Violic Mladinic, de quien recibió la suma de $
21.000.000 dineros que fueron entregados a Storaker a través de la
participación de Luis Sáez Martínez, quien los depositó en la cuenta de la
empresa representada por el ex intendente. Se agrega que, coincidentemente, el
día anterior al pago de la deuda de Sociedad Servicios Marítimos Glaciar y
Fjord Expedition Limitada por parte de Gajardo Castro y Leiva Narváez, el 3 de
abril de 2012, el ex intendente procedió a suscribir, sin previa licitación,
haber aceptado la operación de pago de $21.000.000 por un contrato denominado
“Obras de emergencia desborde del Río de las Minas 2012”, por la suma de $
404.600.000 a favor de la Sociedad Comercial Rayen SPA,