Ayer comenzó el juicio oral en
contra de la ex secretaria de la Cooperativa Cacique Mulato, tras ser acusada
de un millonario fraude.
A pesar que la imputada guardó
silencio ante los jueces, sin querer prestar declaración, su abogado defensor,
Ramón Bórquez, señaló en los alegatos de apertura que “negamos el fraude de más
de 100 millones de pesos. El propio informe contable dice que estos cheques del
año 2013 ascienden a la suma de 11 millones de pesos. Esto entendemos que sería
una cantidad defraudada. De los cheques girados el año 2012 no pueden ser
considerados parte de una conducta ilícita, estos cheques se giraron con motivo
de pagar prestaciones que había contratado la cooperativa. Hay un argumento más
claro, que todos estos cheques corresponden a una administración distinta y
fueron girados por otra persona, por don Tomás Latorre Avendaño con la segunda
firma de la señora Dorila, pero todos estos cheques no fueron objetos de
pericia contable, por lo que una condena no podría sustentarse en los pagos del
año 2012, porque el delito se refiere a hechos en el abuso de firma en blanco
de don Carlos Fajardo. Por lo tanto el monto de lo defraudado no supera los 11
millones de pesos y no los más de 100 millones de pesos”.
Entre los hechos que se le acusa
a la imputada, señala que ocurrieron entre los años 2012 y 2013 cuando Dorila
Delgado Miranda se desempeñaba como secretaria en la Cooperativa de Reforma
Agraria Cacique Mulato Limitada, donde realizaba funciones de comprar y pagar
los giros de la entidad, por tener el control de los dineros.
En relación a estas facultades,
debía actuar junto al presidente, quien le dejaba al menos dos talonarios de
cheques firmados. En ese contexto, la imputada posteriormente debía llenar y
firmar para ser cobrados por los acreedores de esta sociedad. Fue así que
Dorila Delgado, de la totalidad de 144 cheques de la cuenta corriente del Banco
de Chile, emitió 142 de estos documentos a beneficio de su persona, cobrándolos
en caja. Otros dos cheques fueron emitidos a nombre de su marido y su hijo.
Para justificar su accionar
ilícito -señala la acusación- la imputada manipulaba facturas a nombre de
terceros, indicando que había prestado supuestos servicios para la sociedad, lo
que en definitiva resultó ser falso. Esto luego que al entrevistar a las
supuestas personas señalaban no conocer a la imputada, negando haber prestado
servicios para la sociedad afectada.
El juicio, que comenzó ayer,
tiene una duración fijada de siete días y continúa hoy en el Tribunal Oral en
lo Penal.