Patricia
Navarro y su hijo, Agustín Muñoz, quedaron a disposición del Juzgado de
Garantía de Punta Arenas. Ambos fueron detenidos el martes, tras
encontrarse en su domicilio 4,6 gramos de clorhidrato de cocaína, 60
gramos de marihuana prensada y 1 millón 800 mil pesos en efectivo.
Los familiares fueron formalizados por tráfico de drogas
en pequeñas cantidades. El tribunal determinó que cumplan con arraigo
regional y firma quincenal mientras continúe la causa en su contra.
Interferencias
La
Sección de Análisis Criminal (Sacfi) de la Fiscalía sospechaba de un
foco de microtráfico en la Población Pueblos Unidos e intervino dos
teléfonos celulares, uno de ellos el de la madre. Los monitoreos
comenzaron el 9 de mayo y revelarían información respecto a la
distribución de drogas.
“Había varias llamadas que eran comprometedoras en cuanto a que la imputada realizaba de manera constante
un tráfico de drogas. También en ello tendría participación su hijo en
cuanto se dedicaban al tráfico”, explica la fiscal Rina Blanco.
Las
llamadas fueron analizadas hasta el 18 de mayo, cuando se recabaron
antecedentes suficientes para solicitar una orden de entrada al
domicilio de los sospechosos.
El
tribunal accedió al registro de la casa y la Brigada Antinarcóticos y
Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI detuvo a los imputados
en la tarde del miércoles. En las dependencias de la casa se encontraron
62 gramos de cannabis sativa y 4 gramos de clorhidrato de cocaína. La
droga incautada tiene un valor comercial cercano al millón de pesos,
según los funcionarios policiales.
Además, la PDI incautó casi 1,8 millones de pesos en efectivo, balanzas digitales y dos celulares.
Los
imputados fueron trasladados al cuartel policial y el Ministerio
Público los formalizó por microtráfico de drogas y se fijó un plazo de
investigación de cuatro meses.
Aunque
la fiscal Blanco solicitó que se impusiese el arresto domiciliario
nocturno, el tribunal ordenó que la madre y su hijo quedasen con arraigo
regional y firma quincenal. Como ambos no tienen antecedentes penales,
el juez Juan Villa estimó que no era necesario una medida cautelar que
privase su libertad.