Detienen a sujeto que intentó vender computador robado de una escuela

La
Policía de Investigaciones (PDI) dio con uno de los computadores que
fueron sustraídos en el robo a la Escuela Hernando de Magallanes. Se
encontraba en poder de un hombre de 38 años, quien fue detenido la tarde
de este viernes.

El
imputado –identificado como Juan Lasso Vásquez– fue formalizado ayer
por la Fiscalía Local de Punta Arenas. El Juzgado de Garantía dispuso
que cumpla con arraigo regional mientras se tramite la causa.

La investigación

El
atraco en el establecimiento educacional ocurrió entre el 10 y el 13 de
junio. Desconocidos sustrajeron 11 notebooks HP, dos cámaras de video y
una caja fuerte con 100 mil pesos que pertenecían al centro de alumnos.
El botín está avaluado en siete millones y medio
de pesos.

Esta
semana, la profesora de Informática del establecimiento vio que un
computador HP se ofertaba en el sitio de ventas de Facebook. El equipo
reunía las características de las especies sustraídas, por lo que
coordinó su compra en el frontis de la catedral de Punta Arenas para dar
con la identidad del vendedor.

La
educadora comunicó los nuevos antecedentes a la Brigada Investigadora
de Robos (BIRO) de la PDI, que tiene a su cargo las diligencias por
instrucción de la Fiscalía.

La tarde del viernes, un funcionario policial llegó
al punto de encuentro y le efectuó un control de identidad al imputado.
Traía consigo el notebook a la venta, cuyo número de serie coincidía
con el que se indica en el listado de especies sustraídas al colegio.

De
acuerdo a la fiscal Rina Blanco, el imputado “dijo haberlo comprado en
la suma de 150 mil pesos a una persona desconocida, sirviéndole de nexo
un amigo suyo”.

Además
de un delito de receptación, el Ministerio Público también le formuló
cargos por porte de arma cortopunzante; la PDI le descubrió un
cortaplumas d
e 21 centímetros de largo entre sus vestimentas.

Indagatorias

El
celular del imputado quedó bajo comiso. Aunque se negó a entregar la
clave de acceso a la PDI, la Fiscalía obtuvo la autorización judicial
para que los funcionarios lo sometan a pericias.

El tribunal fijó un plazo de 90 días para la investigación.

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