En el mes de junio cuatro de los acusados por una millonaria estafa contra la tienda Ripley enfrentaron a la justicia, recibiendo todos penas en libertad. A pesar de esto, el imputado Cristián Pinda Aguilar se mantenía con una orden de detención judicial, la que materializó finalmente la PDI.
El comisario de la Brigada de Delitos Económicos, Daniel Medina, señaló que “este imputado es el principal involucrado, ya que confeccionaba las carpetas para solicitar los créditos y estafar al comercio”.
Tras la detención, personal de la PDI trasladó al imputado Cristán Pinda Aguilar hasta el centro de Justicia de Punta Arenas, donde recuperó su libertad, fijándose para el próximo 26 de septiembre una audiencia de un procedimiento abreviado, tal como lo señaló su abogado Marcos Ibacache: “Mi representado fue acusado por estafa, él no estuvo en la audiencia preparatoria y ante la inasistencia se decretó la orden de detención y se fijó una nueva audiencia, donde esperamos se llegue a una condena en libertad como ocurrió con los otros coautores”.
En relación a los otros involucrados, Patricio Barrientos Barrientos fue condenado como autor de 26 delitos reiterados de estafa; Héctor Pinda Ruiz, como autor de 8 delitos reiterados de estafa. Por su parte, Fabiola Sepúlveda Acevedo fue sentenciada como autora de 6 delitos de giro doloso de cheques y 12 delitos reiterados de estafa en perjuicio de Ripley. Por último, a Stephanie Oyarzo Sepúlveda se le condenó por 12 delitos de giro doloso de cheques y 6 delitos reiterados de estafa. A todos los imputados se les sustituyó la pena en la cárcel por una libertad vigilada intensiva, además la prohibición de ingresar a cualquier Tienda Ripley del país durante el tiempo que dure la condena.
Según los hechos, el imputado Cristián Pinda Aguilar, junto a su primo Héctor Pinda Ruiz, Patricio Barrientos Barrientos, además de Stephanie Oyarzo y Fabiola Sepúlveda, previamente concertados acudieron reiteradamente durante el año 2013 a la Tienda Ripley, donde cada uno de ellos adquirió televisores, prendas deportivas, computadores, notebooks, tablets, celulares, radios para vehículos, colchones y consolas de juegos, entre otras especies. Todas las que fueron pagadas con cheques de la cuenta corriente del Banco Chile de algunos de los imputados, los que al ser presentados a cobro resultaban protestados con orden de no pago, luego de acusar incumplimiento de contrato en la caja del local afectado, para luego retirar los productos desde las bodegas.