Ayer, en el tercer día de la repetición del juicio oral en contra de un matrimonio ecuatoriano acusado del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, fue el turno de la encargada en el Hogar Miraflores de mantener a las tres menores de edad víctimas del delito.
Según lo relatado por sor María Cristina Tola Roscetti, las tres menores estaban en las mismas condiciones. “En relación a las menores, hablaban en su idioma por lo que no entendíamos lo que hablaban. Sin embargo, cuando hablaban con nosotros, decían que tenían que levantarse a las 4 horas de la mañana a trabajar y que dormían muy poco y que pasaban hambre. Ellas estaban sin escolaridad y el Sename financió el traslado de las niñas a su tierra. Ellas estaban angustiadas porque sus padres no tenían los medios para costear sus pasajes”.
Al ser consultada la hermana del Hogar Miraflores por la fiscal Wendoline Acuña sobre si las niñas habían salido del hogar, señaló que “en los últimos días se pusieron alegres porque iban a regresar a su casa y salimos y las acompañé al aeropuerto y les preparé su maleta. El Hogar del Niño Miraflores pagó su última salida al mall”.
Por su parte, el abogado defensor del matrimonio imputado, Juan Carlos Rebolledo, le consultó a la religiosa si sabía qué pasaría con las menores al regreso a su país, a lo que respondió que “ellas iban a llegar a un hogar de menores allá en Ecuador. Había una de ellas muy delgadita y otras dos más robustas, una de ellas despreocupada de su aseo. Ellas dijeron que nunca habían hablado con sus padres y que tenían mucha pena de no saber de su familia. Las vi angustiadas y confiamos en lo que nos dijeron, mientras estaban en el hogar hablaban con sus padres, y siempre estando con nosotros tenían actividades escolares y todas hacían sus camas en forma espontánea”.
El juicio se ha desarrollado en jornadas de mañana y tarde, con un plazo de término de 15 días. La Fiscalía pide una pena de 15 años de cárcel para el matrimonio compuesto por Luis Tuquerres Tuquerres y María de Lourdes Cavascango, acusados de trasladar, el año 2012, desde una ciudad indígena del Ecuador hasta Punta Arenas, a una niña de 13 años, obteniendo el permiso de los padres de la víctima, quien viajaría en calidad de turista, todo financiado por los padres de la menor. El segundo hecho por el que fue acusada la pareja de ecuatorianos data de agosto del año 2012, cuando con el fin de trasladar a dos menores ecuatorianas, de 14 y 17 años, desde la misma ciudad ecuatoriana que la víctima anterior, a Punta Arenas, y abusando de su condición de precariedad social, con promesas de una mejor vida, se les pagaron los pasajes en calidad de turistas. Durante el tiempo que las menores estuvieron en el domicilio de los imputados, eran obligadas a trabajar sin pagarles, manteniéndolas con restricción de comunicación y sin enviarlas a ningún establecimiento educacional, a pesar de que estaban bajo el cuidado de la pareja. Los trabajos que debían realizar las menores era vender los productos artesanales de manera ambulante, levantarse a las 5 horas para realizar labores domésticas, además de tejer gorros de lana, los que si no terminaban, no descansaban, señala la acusación.