En su recta final entra el denominado caso “Rayen”

Tras algunas postergaciones, ayer se dio inicio a la preparación de juicio por el bullado caso “Rayen”.
En una audiencia que duró alrededor de cuatro horas en su primera etapa, se dieron a conocer los hechos por los que se les acusó a todos los imputados. Para hoy se espera que continúen con las pruebas que pretenden rendir los intervinientes en el juicio, las cuales pueden ser debatidas.En la acusación de la Fiscalía que contiene 69 páginas se tiene contemplado diversas pruebas documentales, 7 peritos y 211 testigos, por lo que la preparación de juicio se puede extender en varios días.
Cabe recordar que penas que superan los diez años de cárcel está solicitando la Fiscalía en contra de ex autoridades y empresarios investigados por el millonario fraude tras el desborde del Río de Las Minas del año 2012.
Para el ex intendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina, se solicita una pena de diez años y un día por el delito de malversación de caudales públicos, además de 541 días por desacato, mientras que por cohecho otra pena de 541 días de cárcel y tres años y un día de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En el caso de Luis Sáez Martínez se pide aplicar la pena única de cinco años y un día por el delito de fraude al Fisco y negociación incompatible. Para Javier Gómez Letelier, ex asesor comunicacional del seremi de Justicia en el 2012, se solicita la pena de cinco años de presidio por el delito de fraude al Fisco y 541 días por el delito de cohecho. Para Javier Gajardo Castro (propietario de Rayén SPA), se solicita se aplique una pena de cinco años de presidio por el delito de estafa, mientras que por el delito de soborno la pena de 541 días de reclusión y por el delito del código tributario cinco años y un día de presidio.
Para Patricia Leiva, esposa y socia de Gajardo de Rayén SPA, se solicita una pena de cinco años de presidio por el delito de estafa, y por soborno una pena de 541 días. Otro de los operadores de Rayén, Hugo Reyes Tureuna, arriesga una pena de 818 días de presidio como encubridor del delito de fraude al Fisco, mientras para Pablo Sáez Martínez la Fiscalía pide que se aplique una pena de 818 días de presidio por el delito de estafa, mientras que en su calidad de cómplice del delito de negociación incompatible piden la pena de 540 días de reclusión

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